El fiscal César Suárez solicitó la prisión preventiva para las cuatro funcionarias detenidas, pero el juez Marco Guerra dictó prohibición de salida del país y arresto domiciliario, además del uso de dispositivo de vigilancia electrónico.

Esta fue la decisión que se conoció ayer para las cuatro funcionarias detenidas del Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña, que han sido señaladas en procesos de supuesta corrupción en la adquisición de insumos médicos durante los meses más críticos de la pandemia del COVID-19 en Guayaquil.

Ellas fueron detenidas el viernes último en distintos allanamientos. La Fiscalía las acusa por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, por las irregularidades encontradas en el proceso de contratación de los insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Por ello, les formularon cargos.

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En un comunicado, la Fiscalía expone que entre los principales elementos de convicción presentados para sustentar la acusación fiscal y el pedido de medidas cautelares constaban: el informe de pericia de contratación pública, que determina que en las órdenes de compras emergentes no se aplicaron los procedimientos que indica la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública; el informe de pericia de contabilidad; informes de vigilancia y seguimiento e informe ejecutivo ampliado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Asimismo, se presentó el informe de levantamiento de evidencias incautadas, entre las que constan teléfonos celulares, computadoras y documentación. Se dice que ellas habrían participado en el proceso de adquisición de desinfectantes e insumos, con presunto sobreprecio, contrato que alcanzaría los $ 300.000.

El viernes en un plantón, sus colegas rechazaron las acusaciones y dijeron que al final se comprobará su inocencia. (I)