Rafael Correa está decidido a probar que hubo fraude procesal en el caso Sobornos

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El expresidente sostuvo que no aceptará ni pedirá el indulto por su sentencia de ocho años de cárcel.

Punto Noticias.- El expresidente de la República, Rafael Correa, anunció este martes 13 de octubre que no aceptará ni pedirá ningún indulto por el caso Sobornos 2012-2016 en el que fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho.

Durante una entrevista radial, el exmandatario indicó que no pedirá el indulto porque no ha hecho nada de malo y que probará que existe un fraude procesal.

“Solo un ciego de odio (…) me acusaría de robar USD 6 mil dólares que lo recibí como préstamo del Fondo de Solidaridad. Sí, lo recibí del fondo de los funcionarios de la Presidencia de la República y todo está pagado”, sostuvo.

Manifestó que se dijo que ese fondo no existió y reiteró que va a demostrar la verdad al insistir que se hizo fraude procesal. “La gente me conoce y sabe que soy un luchador”, exclamó.

🔴 #ATENCIÓN | Expresidente de la República, @MashiRafael: 🗣 “Yo no aceptaré ni pediré un indulto porque no he hecho nada malo. Les voy a probar que existe fraude procesal en el #CasoSobornos y demostraré la verdad. La gente sabe que soy un luchador». pic.twitter.com/VpOs9vtB6g

— Pichincha Comunicaciones (@pichinchauniver) October 13, 2020

Hasta el pasado 8 de octubre se tenía el registro de siete acciones extraordinarias de protección a la sentencia en el caso Sobornos que deberán ser revisadas por la Corte Constitucional.

De los 20 sentenciados, los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el exsecretario jurídico Alexis Mera y los empresarios Rafael Córdova, Víctor Fontana y Édgar Salas interpusieron esta acción hasta el pasado 6 de octubre. Los siete fueron sentenciados a ocho años de cárcel como coautores.

La defensa del expresidente Correa, Alfonso Zambrano, también preparaba un documento para sustentar una acción extraordinaria de protección.

En el caso de admitir a trámite, a la Corte Constitucional le corresponderá determinar si en la sentencia se han violado derechos constitucionales de los peticionarios y si declara la violación, ordenará la reparación integral.

El ente constitucional tendrá un máximo de 30 días término contados desde la recepción del expediente para resolver la acción.

Fuente: Majestad, Pichincha Comunicaciones, redes sociales

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