El examen especial de la Contraloría determinó que bajo esta modalidad se compraron fármacos e insumos médicos con sobreprecio y que el 87% de las adquisiciones no fueron utilizadas.

Punto Noticias.- Un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado (CGE) estableció que, entre enero de 2018 y julio de 2020, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), de la ciudad de Guayaquil, se autorizaron convenios de pago por USD 17’508.578, para las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos, eludiendo injustificadamente los procedimientos regulares, establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En contratación pública, la modalidad de convenios de pago se emplea para cumplir obligaciones imprevistas, que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las fases de contratación señaladas en la ley.

El informe del examen especial, aprobado por la Contraloría en mayo de 2021, señala que no se justificó el uso recurrente de esta figura excepcional y que los productos se compraron con precios superiores a los del mercado, a distribuidores no autorizados.

Los auditores concluyeron que se empleó la figura de convenios de pago para cubrir obligaciones sin respaldo contractual por USD 8’879.963 y USD 8’628.615, derivadas de órdenes de compra de fármacos y dispositivos médicos, respectivamente.

En relación con los medicamentos, la Contraloría resaltó que los funcionarios de la casa de salud no realizaron estudios para determinar los precios referenciales en el mercado e invitaron a personas naturales para que presenten proformas.

Explicó que, al no ser distribuidores autorizados, no ofertaron los precios más convenientes, ocasionando que los costos finales se incrementen hasta en un 5.350%, lo que en términos económicos representa USD 4’823.149.

Los técnicos determinaron que los proveedores seleccionados tampoco adjuntaron documentación que permita verificar su experiencia, cumplimiento de requisitos técnicos, financieros y legales para contratar con el Estado, así como origen lícito de los medicamentos entregados, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado sanitario de provisión de medicamentos, ni el compromiso de cancelar el costo de los análisis de control de calidad.

Sobre los insumos, el equipo de control precisó que entre enero y agosto de 2018, los funcionarios del hospital eludieron, en seis casos, los procedimientos de contratación pública.

En este caso, el presupuesto de las adquisiciones se estableció a partir de proformas remitidas por proveedores que no eran distribuidores autorizados para vender los productos médicos y no se analizó la cantidad de existencias en bodega, para identificar las necesidades reales de la casa de salud.

El equipo auditor observó que, hasta la fecha de corte de la acción de control (31 de julio de 2020), el 87% de las compras efectuadas a través de esta modalidad extraordinaria no fueron utilizadas. Pero lo que sí se identificó es que hubo faltantes en bodega de los insumos adquiridos mediante convenios de pago.

Asimismo, se puntualizó que los ajustes y registros de egresos no cuentan con documentación que sustente las operaciones, causando un perjuicio al hospital de USD 1’185.025.

Con estos antecedentes, la Contraloría pidió a las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que supervisen las unidades requirentes y que se presenten documentos de respaldo, así como que las compras se ajusten a las normativas establecidas.

Esta historia no es reciente, ya en 2019, en una auditoría previa, la Contraloría en un examen a los convenios de pago celebrados en ese hospital con proveedores de bienes, obras y servicios determinó que, entre 2015 y 2018, se aplicaron convenios de pago en 18 procesos para la adquisición de medicamentos, que originaron perjuicios económicos por USD 11’905.318, al hacer comparaciones con los precios referenciales del mercado.

Fuente: Contraloría General del Estado, redes sociales