“El Estado, como se evidencia en toda la investigación, ha incumplido con sus obligaciones como garante de los derechos de los PPL”, señalan las organizaciones de Derechos Humanos.

Punto Noticias. Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos demandan a la Comisión Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional emitir un informe que refleje íntegramente las causas y los responsables de la crisis carcelaria que ha dejado, en lo que va del año, más de 245 reos asesinados.

La Alianza realizó una veeduría del proceso de investigación que ha llevado a cabo la Comisión y conocieron de primera mano las respuestas de las autoridades públicas, así como las visitas realizadas a los centros de reclusión.

En este proceso, señalan, se evidencia la responsabilidad del Estado Ecuatoriano en esta crisis carcelaria. Detallan que el Estado ha incumplido sus obligaciones como garante de los derechos de las personas privadas de libertad y que, ese incumplimiento, debe ser señalado, con la identificación correspondiente de todas las instituciones y las y los responsables que omitieron y siguen omitiendo el cumplimiento de sus deberes, para que se puedan adoptar todos los correctivos necesarios.

“En especial, demandamos que los resultados de la investigación recogidos íntegramente en el informe borrador no sean desvirtuados en el informe final que se apruebe por la Comisión y la Asamblea Nacional y que desde todas las funciones del Estado se rediseñe una política criminal acorde con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos que busque y garantice la rehabilitación de las personas privadas de libertad y que este rediseño se realice con la participación de todas las voces de la sociedad civil, en especial de las personas privadas de libertad y sus familias”, dice el comunicado.

Estaba previsto que el 30 de octubre pasado la Comisión apruebe el informe que pasaría al Pleno Legislativo, pero por falta de tiempo para analizar el contenido de este documento, de manera unánime, aprobaron pedir una prórroga hasta el 8 de noviembre para presentar el informe.

Las organizaciones de derechos humanos esperan que la investigación concluya con un informe contundente “que permita enfrentar esta problemática estructural donde se han evidenciado graves violaciones de derechos humanos, identificar sus responsables, y sobre todo generar soluciones integrales en el marco de los derechos humanos».