El día en que Susana Correa mató a su hija Mayte, de 4 años, ella tenía 21 y estaba embarazada. Por ese motivo no estuvo tras las rejas, sino que portó un grillete electrónico en uno de sus tobillos hasta que fuera sentenciada.

El día del crimen, el 11 de abril de 2018, la hermana y la madre de Susana se encontraron con la macabra escena en medio de su cuarto ubicado en el pasaje La Dolorosa y avenida Mariscal Sucre, en Guamaní, sur de Quito.

Un día antes, las parientes golpearon la puerta de la joven, quien se negó a abrir diciendo que no quería nada. La mujer y la niña estaban sobre la cama encima de un reguero de sangre.

Cuando llamaron a emergencias, los gendarmes y paramédicos entraron a la vivienda y constataron que la menor estaba muerta. Su madre le había hecho tres cortes en las muñecas con un cuchillo.

Según los informes periciales, Mayte murió por una “hemorragia aguda externa y laceración de arterias cubital y radial derecha e izquierda”. Cuando la encontraron tenía ya varias horas de haber fallecido.

En el lugar del crimen encontraron una carta escrita por la progenitora, en la que indicaba que había tomado esa decisión porque “nadie la quería” y porque no tenía dinero para solventar sus gastos.

En un cuaderno tenía anotado el número telefónico de su exconviviente —de quien se separó unos días antes— y en una línea decía: “No me alejen de mi hija”.

Susana intentó suicidarse haciéndose varios cortes en el cuello, pero la trasladaron a una casa de salud y la estabilizaron. No se libró de responder por sus actos.

El compañero de la mujer, Jonathan Silva, llegó el día del crimen hasta la casa y se desmoronó al enterarse de la muerte de su hija.

Por su parte, la abuela recordó cómo la pequeña llenaba de alegría la casa con sus correteos.

Proceso

Cuando se dio la audiencia de formulación de cargos la imputada tenía 14 semanas de gestación, por lo que debía presentarse periódicamente ante un juez, mientras se realizaban las indagaciones. Ella se acogió al derecho del silencio durante ese proceso.

En la preparación del juicio, una de las doctoras que revisó a Susana indicó que ella tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide lo que “constituye un peligro para sí misma y para terceras personas”, a esto se le sumó la valoración de la psicóloga clínica que sostuvo que tenía rasgos esquizoides, agresividad verbal y física dirigida.

Con estas y otras pruebas, entre ellas el ADN de madre e hija hallados en el cuchillo, el Tribunal de Garantías Penales declaró su culpabilidad en el grado de autora directa y la sentenció a 14 años y 8 meses.

Adicionalmente, el fallo dispone que la procesada entregue al padre de la menor 10 mil dólares por reparación integral y una multa de 500 salarios básicos unificados.

Fiscalía pedirá más años de pena

En la Audiencia de juzgamiento el Tribunal le disminuyó la pena en un tercio aduciendo que Susana no tenía la completa capacidad de comprender la ilicitud de su conducta. Ella inicialmente debía cumplir 23 años 4 meses de cárcel. Sin embargo, una vez que la sentencia sea debidamente motivada por escrito, Verónica Murgueytio, fiscal Especializada en Personas y Garantías de Pichincha, presentará la apelación, porque ella considera que la imputada tenía “plena conciencia y voluntad de sus actos y sus facultades no estaban disminuidas”.