El contrato de comunicación fue adjudicado a Salcedo, pese a que no habría cumplido parámetros de calificación

LOS PERIODISTAS

Daniel Salcedo Bonilla, pieza clave en las investigaciones de sobreprecios en la compra de insumos médicos en hospitales del IESS, firmó un contrato de publicidad con la Contraloría General del Estado por USD 1’150.000 dólares, el 26 de diciembre de 2017.

En el documento, consta la sumilla de aprobación de Darwin Patricio Moreno Garcés, hermano del presidente de la República, como Coordinador Nacional Administrativo y de Servicios de la Contraloría.

Moreno es funcionario de carrera e ingresó a la Contraloría General del Estado antes de que su hermano llegue a la vicepresidencia de la República, en el año 2007.

El 22 de septiembre de 2017 asumió el cargo de Coordinador Nacional Administrativo y de Servicios, tres meses después de que Pablo Celi se autoproclamó como contralor general subrogante.

El contrato RE-CGE-018-2017 por “Servicios y productos comunicacionales para la difusión y análisis de la gestión de la Contraloría General del Estado”, fue adjudicado a la empresa H.D.C. Producciones C.A., de la cual su gerente y accionista mayoritario es Daniel Salcedo.

De la revisión de los documentos precontractuales, se observa que el proceso se desarrolló en apenas seis días y se habrían cometido varias irregularidades, pese a lo cual se adjudicó el contrato.

Para contar con el presupuesto, el 12 de diciembre se modificó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la institución del año 2017.

Por ejemplo, en los términos de referencia se establece como requerimiento que el gerente de la empresa contratada cuente con título de tercer nivel en comunicación, marketing o publicidad, registrado en la Secretaria Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), y dos años de experiencia en manejo de campañas y proyectos.

Sin embargo, Salcedo no cuenta con el título requerido, de acuerdo a la verificación realizada en el portal de la SENESCYT.

Para este proceso también se invitaron a las empresas Smartsocial y MCV Publicidad, pero curiosamente ninguna presentó oferta, por lo que se escogió a H.D.C. Producciones C.A.

Smartsocial fue constituida el 18 de agosto de 2017, cuatro meses antes de la adjudicación. Es decir, se invitó a un oferente de reciente creación, cuando en los requerimientos se estableció una experiencia de al menos dos años y cuatro contratos anteriores por 1,15 millones de dólares.

La Resolución de adjudicación, suscrita por la subcontralora de Gestión Interna, María de las Mercedes Placencia, y también aprobada por Darwin Moreno, tiene fecha 21 de diciembre de 2017, cuando el contrato fue elaborado un día antes, el 20 de diciembre.

Adicionalmente, tanto en el contrato como en los términos de referencia, no se especifican cantidades ni detalles técnicos de los productos contratados. Únicamente, se señalan de manera general diseño de campañas, elaboración de piezas y demás servicios comunicacionales, conforme el requerimiento institucional.

El contrato se ejecutó en un plazo de 365 días, entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2018, y el acta de entrega recepción definitiva fue suscrita el 13 de febrero de 2019.

Tanto en las actas provisionales como en la definitiva, no se detallan valores específicos de los productos pagados, excepto en el mes de febrero en el que consta un valor de 8.552 dólares por la publicación de anuncios en los diarios El Comercio, El Universo, La Hora, El Telégrafo, Expreso y El Mercurio.

Se incluyen ocho facturas con valores de $78.400 en febrero; $30.377 en abril; $17.920 en mayo, $98.560 en julio, $39.639 en octubre, $91.790 sin fecha, y dos en diciembre por $420.142 y $332.153.

Llama la atención que en el último mes se efectúen cobros por casi el 70% del valor total del contrato, cuando en los meses anteriores las cantidades fueron pequeñas.

A esto se suma que la Contraloría realizó otras dos contrataciones por $350.000 y $800.000, meses antes de que adjudique el contrato a Daniel Salcedo.

La pregunta que queda flotando es ¿Quién audita los contratos de la Contraloría General del Estado? Según expertos en contratación pública, la Asamblea Nacional podría solicitar una auditoría internacional.