El Consejo vive hoy uno de sus principales retos: las amenazas por desaparecerlo por quienes no han entendido que somos una tribuna de participación ciudadana.

Punto Noticias.- Pese a que la Asamblea Nacional debate las reformas a la Constitución para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentada por un grupo de “viejos políticos”, así como el juicio político a su presidente Christian Cruz Larrea, este último pidió a sus colegas consejeros abogar por la “unidad”.

“Invocando una vez más a la unidad para defender la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este momento crucial, señores consejeros, amerita toda nuestra predisposición para superar obstáculos y trabajar juntos para cumplir los objetivos que esperan nuestros mandantes. El Consejo vive hoy uno de sus principales retos: las amenazas por desaparecerlo por parte de quienes no han podido entender que somos una tribuna de participación, una herramienta para que la ciudadanía vigile procesos, contratos y malos funcionarios que han incumplido con el mandato sagrado de servir”, expresó su presidente Christian Cruz Larrea en un comunicado público dirigido a los seis vocales que integran este cuerpo colegiado.

Su convocatoria es después de que en las últimas semanas, este quinto poder de la República no logró instalar sus plenarias por falta de quórum y entre las peticiones de la vicepresidenta, Sofía Almeida, de continuar el debate donde se discutió la solicitud a Cruz para que renuncie a la presidencia.

También, la última convocatoria a sesionar del pasado miércoles 9 de septiembre, fue suspendida y se justificó la “ausencia temporal” del recién nombrado secretario del Consejo, Ramiro Borja Gallegos (hijo de Ramiro Borja y Borja, exintegrante de la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC)) y porque la prosecretaria tenía aislamiento por síntomas de Covid-19.

Dentro de esta coyuntura, están los hechos de que la Comisión de Enmiendas del Parlamento aprobó el informe para primer debate del pleno, respecto de la propuesta del colectivo Comité por la Institucionalización Democrática (grupo de expresidentes del antiguo Congreso y juristas) para eliminar el CPCCS de la institucionalidad del Estado, con una reforma constitucional sometida a consulta popular, aprovechando las elecciones nacionales del 2021.

Adicionalmente, Cruz sería llevado a un juicio político por supuesta obtención fraudulenta del carné de discapacidad que presentó para ser consejero del Consejo en el 2009, y por abrogación de funciones en la aprobación de reglamentos internos. Este proceso político, fue calificado el 8 de septiembre, por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por solicitud presentada el 11 de agosto pasado, por el socialcristiano, Henry Kronfle.

En esta vorágine de hechos, el acusado, dice que el actual presidente del CPCCS, el 28 de octubre de 2009, solicitó el certificado de inscripción de su discapacidad ante el registro nacional de discapacidades y en la misma fecha la coordinadora provincial de Pichincha del Conadis, María Gabriela Barahona, emitió el certificado de discapacidad donde consta que tiene discapacidad del 81% visual y auditiva, lo que presentó al concurso público de oposición y méritos para la integración del CPCCS.

Cruz señaló ese proceso será “una nueva oportunidad para demostrar la verdad: mi inocencia. Y de reafirmar que la propia Fiscalía y el Juzgado 5, desestimaron y archivaron la denuncia en mi contra por mi carné de discapacidad, el cual es legal y obtenido hace diez años. No he importado ningún vehículo utilizando los beneficios del carné. Siempre he cumplido mis deberes como presidente de manera independiente y no dejaré que el oportunismo pretenda eliminar el CPCCS”.

Fuente: El Universo