El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio aprobó este miércoles, el informe de investigación del uso de recursos utilizados en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, y entre las conclusiones se plantea investigar al exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reconstrucción Productiva, Carlos Bernal Alvarado, por el presunto cometimiento de cuatro delitos.

Entre estos están peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Esto se desprende de un informe de investigación elaborado al interior del Consejo de Participación que fue aprobado este martes, y que se presentará a la Fiscalía General y a la Contraloría General para su investigación.

Según este expediente, Bernal consta como fundador junto a su madre Carolina Alvarado Daza, de la empresa Construhidrocab; el cuñado Xavier Vélez Ruperti, como representante legal y su esposa Denisse Vélez Ruperti, accionista.

El mismo Bernal como secretario Técnico habría contratado a esta constructora por un monto aproximado de $ 398’ 700.000 para la implementación de obras relacionadas con la reconstrucción.

También se detalla un presunto enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria por parte del contratista Ramiro Galarza Andrade, a quien se le asignaron obras por un valor que bordeó los $ 284 millones a título personal o como representante de 40 compañías y consorcios.

Este contratista -que habría tenido relaciones comerciales del 2016 al 2018 con la empresa Construhidrocab- había edificado obras con “anomalías técnicas en la infraestructura, e incremento de costos a través de contratos complementarios”.

La exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí, Susana Dueñas, también es mencionada en el informe como involucrada en el presunto delito de tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado y deafraudación tributaria por haberse detectado “un incremento patrimonial a través de la empresa Wadusa de propiedad de su hermano, José Antonio Dueñas y de su cuñada María Zambrano Vargas”.

Estas empresas aparecen con contrataciones con entidades como el Ministerio de Vivienda de Manabí, la empresa Pública de Construcción Manabí Construye por un valor aproximado de $ 9 millones.

Al final de esta lectura, el presidente del CPC, Julio César Trujillo lamentó las revelaciones y pidió a los jueces y fiscales que tengan “lástima” del Ecuador y aceleren los procesos de investigación para que se determinen responsables.

“Yo me encargaré de hacer llegar a la Fiscalía mi preocupación, que en el gobierno de Rafael Correa… que Correa venga a rendir a cuentas de esto, dónde están tantos millones de dólares” se preguntó.

La consejera Myriam Félix reclamó que se “desperdiciaron los recursos en cuatro sinvergüenzas que se llevaron la plata”. (I)