Las elecciones seccionales se adelantarán de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. La decisión se tomó el 27 de marzo de 2026, con cuatro de los cinco votos del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluido el de su presidenta, Diana Atamaint.

En las elecciones seccionales, los ecuatorianos eligen:
– alcaldes,
– prefectos y viceprefectos,
– concejales,
– vocales de juntas parroquiales
– y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

¿Por qué el CNE movió la fecha de las elecciones seccionales Ecuador 2026?

Según un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, enviado al CNE el 15 de marzo, hay un escenario de riesgo climático por un posible fenómeno de El Niño entre finales de 2026 e inicios de 2027. Ese escenario podría provocar lluvias, inundaciones y afectaciones a la infraestructura (medios de vida, sistemas productivos y condiciones sociales en amplias zonas del país).

Para evitar que se inhabiliten recintos electorales o centros de procesamiento, y asegurar que la gente pueda votar, el CNE decidió adelantar las votaciones como una medida preventiva.

¿Es legal?

Sí. Así lo explica el analista político y electoral Alfredo Espinosa. Aunque advierte que ni siquiera en la pandemia se modificó el calendario electoral, pese a la emergencia sanitaria.

Pero, para él, la pregunta de fondo es otra: ¿por qué se toma esta decisión?

Sostiene que no responde a criterios técnicos, sino a políticos.

Adelantar las elecciones podría resultar conveniente para el gobierno de Daniel Noboa.

El CNE es el encargado de organizar las elecciones y definir las fechas de votación. Aunque debería ser un órgano independiente, históricamente ha sido cuestionado por su cercanía con los gobiernos de turno. Y en este caso, no parece ser la excepción.

• Bloquear a un rival político

La Revolución Ciudadana (RC) es el principal adversario de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento de Noboa.

Hoy controla alcaldías y prefecturas clave, como Quito, Guayaquil y Cuenca.

En Quito, el alcalde es Pabel Muñoz y la prefecta, Paola Pabón. En Guayaquil, el alcalde es Aquiles Álvarez y la prefecta, Marcela Aguiñaga, electa con la RC. En Cuenca, el alcalde es Cristian Zamora y el prefecto, Juan Cristóbal Lloret.

Pero el movimiento atraviesa un frente judicial.

Dirigentes como Luisa González y Rafael Correa están bajo investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en el caso Caja Chica.

El caso se abrió la madrugada del 28 de enero de 2026, cuando la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de González, ex candidata presidencial. Según la Fiscalía General del Estado, la investigación apunta a una posible estructura de financiamiento irregular para la campaña de 2023.

Luego, el 6 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a la RC por nueve meses, a pedido de la Fiscalía, dentro de esa misma causa.

Adelantar las elecciones reduce los tiempos para que el movimiento presente sus descargos, levante la suspensión y pueda participar en los comicios.

• Eliminar al aliado de la RC

Si la RC no lograra levantar la suspensión, sus militantes igual podrían participar desde otra organización política.

Pero para hacerlo, deben haber renunciado a su movimiento mínimo 90 días antes del cierre de inscripciones, según el artículo 366 del Código de la Democracia.

Con el cambio del calendario, ese cierre sería en agosto.

Y si la RC eligiese esta opción, un aliado natural es RETO. Pero también enfrenta un riesgo.

Su presidente, el asambleísta Raúl Chávez —cercano a figuras como Aquiles Álvarez—, podría ser vinculado al caso Goleada, que investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Si esto pasa, la Fiscalía podría pedirle al TCE que también suspenda el movimiento político, tal como en el caso Caja Chica.

• Cancelar a otros posibles competidores

El 26 de marzo de 2026, el CNE aprobó iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas: Construye y Unidad Popular.

En el caso de Construye, el CNE aseguró que no tienen ni un solo afiliado. La ley exige que las organizaciones mantengan al menos el 50% de los adherentes con los que se inscribieron.

Unidad Popular, en cambio, habría pasado de 206 mil a 31 mil afiliados.

El proceso de cancelación tiene varias etapas y las organizaciones tienen un tiempo determinado para presentar los descargos y pruebas. Además, este tiempo se alargaría si incluye apelaciones. Todo este proceso debería concluir en julio para que la organización política esté habilitada para participar en las elecciones.

Pero recuperar afiliados en poco tiempo no es sencillo. Si no lo logran, pueden ser cancelados.

Menos partidos en la papeleta significa menos competencia. Y eso puede inclinar la cancha a favor de ADN.