El caso más emblemático es el de Canal Uno.

Punto Noticias. El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social determinó que hubo vulneración de derechos laborales en los despidos y desvinculaciones, en los sectores público y privado, durante la emergencia sanitaria.

Uno de cada cinco ecuatorianos ha sido notificado con su despido, según el estudio realizado por el ente parlamentario, que analizó la situación laboral en el país y recibió denuncias de despidos que no cumplieron las disposiciones legales.

El presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación del Ecuador (Asotce), Ángel Ramírez, protestó por la desvinculación de profesionales de la comunicación de Canal Uno, en Quito y Guayaquil.

Según el denunciante, existen extrabajadores impagos y desde 2016 no han generado aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo que no pueden acceder a beneficios como el seguro de desempleo.

Ramírez aseguró que en esa estación de televisión son 500 empleados, por lo que no es una empresa pequeña y sí podría ponerse al día con los pagos.

Leonardo Balseca, ex presentador de noticias, señaló que, antes de los últimos despidos, se generaron acuerdos de pago que no fueron cumplidos. Consideró que no existen las garantías para llegar a acuerdos con los directivos de la empresa.

Jorge Sper, ex empleado del canal, sostuvo que han evidenciado irregularidades de directivos del canal, perjudicando además a más de 200 familias. Reclamó que la gerente general no ha cumplido las sentencias judiciales a favor de los trabajadores, por lo que conminó a que estas se ejecuten.

A criterio del ministro de Trabajo, Luis Poveda Velasco, esta entidad ha velado por los derechos laborales. Sobre la situación de Canal Uno, manifestó que la vulneración de derechos a los trabajadores es ilegal e ilegítimo, por lo que se han aplicado multas y sanciones, en lo referido a la vulneración de los derechos laborales.

El director General del IESS, Carlos Luis Tamayo, detalló que la deuda de Canal Uno con la seguridad social es de aproximadamente 4 millones 700 mil dólares. Reconoció que no ha existido diligencia de los funcionarios del IESS para cobrarla, por lo que manifestó que, inmediatamente posesionados en el cargo, la semana pasada, tomaron decisiones con la finalidad de establecer los escenarios legales y técnicos del caso, para conocer los montos de las deudas y la gestión del cobro.

Destacó que, en el marco de la emergencia, la gestión de cobro de tipo coactiva se encuentra suspendida, de acuerdo al decreto ejecutivo, debido a lo que actualmente no se puede ejecutar dichos procesos.

Santiago Andrade, director nacional de Recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó que la sede de la empresa televisiva domiciliada en Pichincha tiene un total 28 obligaciones tributarias pendientes, que ascienden a 900 mil dólares de tributos declarados y cancelados. En Guayas tiene 41 obligaciones tributarias, por un monto no cancelado que supera el millón 100 mil dólares.

El titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró que han iniciado dos investigaciones defensoriales en Quito y Guayaquil, con visitas in situ a las instalaciones de la empresa, requerimientos de información al IESS y Ministerio de Trabajo y acompañamiento legal a los representantes de los extrabajadores.