El argumento es que los condicionamientos impuestos al Gobierno Nacional derivaron en la vulneración de derechos.

Punto Noticias.Legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana anunciaron la presentación de una acción de protección, con el objetivo de que, a través de sentencia, se declare la vulneración de derechos y, como reparación integral, se suspenda la ejecución de la carta de intención, suscrita por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, del 6 de octubre de 2020, y se adopten las medidas para dejar sin efecto los compromisos asumidos.

La asambleísta Lira Villalva señaló que otra de las pretensiones de la acción es evitar que el Ejecutivo privatice el Banco Central del Ecuador, a través de un proyecto de ley urgente, que significaría entregar esta institución a los grupos de poder y a los banqueros, para que sean estos los que fije las tasas de interés.

La acción de protección está sustentada en que el acuerdo con el FMI condicionó al Gobierno de Lenín Moreno a aprobar leyes y ejecutar medidas, que vulneraron los derechos de las personas.

Los accionados (demandados) son el presidente de la República, Lenín Moreno, ministro de Economía, Procuraduría y Asamblea Nacional.

La Ley Humanitaria violentó los derechos de los trabajadores, al permitir los despidos intempestivos, sin liquidación legal, y la reducción de los sueldos, en los sectores público y privado.

Las reformas tributarias vulneraron los derechos de las personas adultas mayores a recibir la devolución del IVA.

Al asumir estos requerimientos del Fondo Monetario, el Ejecutivo pretende rebajar el salario básico, con el argumento que es el más alto de la región, según el FMI; congelar los contratos y recortar los salarios en el sector público, generando desigualdad salarial entre los funcionarios con nombramiento y a contrato; aprobar una legislación de flexibilidad laboral, entre otro puntos, alertó la legisladora.

El parlamentario Esteban Melo sostuvo que la carta de intención del FMI trajo consecuencias negativas para el país, como la reducción del producto interno bruto (PIB) del -0,5 %. El préstamo de 4.200 millones de dólares significó, entre el 16 de marzo y el 18 de septiembre de 2020, 421 mil 336 actas de finiquito; es decir, despidos de trabajadores; 246 mil 807 contratos fueron modificados, por un supuesto acuerdo entre las partes; la reducción de la jornada laboral afecto a más de 65 mil 535 trabajadores.

Citó que, según datos de Unicef, en 2020, el nivel de pobreza en Ecuador se estableció en torno al 19,2 %; es decir, hubo un retroceso de 30 años en este ámbito.

Denunció, Melo, que la página 14 del acuerdo con el Fondo Monetario plantea una reducción de 800 millones de dólares en gastos de la pandemia, justo en el momento de la peor crisis sanitaria, que afectó a miles de personas que requieren de atención en salud.

“De hecho, el propio FMI reconoce que la reducción fiscal significaría una pérdida en la economía del PIB de -5,5 %, un impacto totalmente negativo en la economía”, cuestionó.