El 9 de febrero próximo, la exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, enfrentará una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Esta sería la segunda audiencia de este tipo que enfrenta en menos de dos años.

Este es un proceso penal que se desprende del incumplimiento de las medidas cautelares que le ordenó un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como parte del caso Sobornos 2012-2016. En agosto pasado, Duarte dejó de cumplir su presentación periódica y se retiró el dispositivo electrónico para ingresar a la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, en calidad de «huésped por razones humanitarias».

Para agosto de 2020, a la exministra del correísmo se le había ratificado en dos instancias la sentencia de ocho años de cárcel en calidad de coautora del delito de cohecho pasivo agravado y estaba a la espera de que realice la audiencia de casación, recurso que se le fue negado y quedó en firme el fallo a finales de septiembre pasado, no solo para ella, sino para 19 procesados más, entre ellos, los exmandatarios Correa, Jorge Glas, exministros y diez empresarios.

Una vez la exfuncionaria pública dejó de cumplir la medida cautelar en esta causa, la Fiscalía formuló cargos por el incumplimiento y se abrió, el 10 de septiembre pasado, una instrucción fiscal de 90 días, los cuales terminaron el 10 de diciembre último. La diligencia se dará a las 10:00 del 9 de febrero próximo en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal señala sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que Argentina le haya concedido asilo a la exministra Duarte, pese a ello el Gobierno ecuatoriano adelantó que no le concederá el salvoconducto para que salga de la embajada y vaya hasta Argentina. El argumento es que ella fue juzgada por un delito común y en todas las instancias la justicia reafirmó su estado de culpabilidad.

De encontrarse elementos que revelen la culpabilidad de la procesada, la Fiscalía pedirá que Duarte sea llamada a juicio, etapa procesal en la que se definirá la sentencia a la que llega un tribunal de Pichincha. En este caso a Duarte ya no le cobija el fuero de Corte Nacional, debido a que el delito por el que se la procesa no fue cometido cuando era parte de un cargo público sino como una ciudadana.

Duarte también está a la espera de que la Corte Constitucional (CC) resuelva la acción extraordinaria de protección que presentó en el caso Sobornos. Junto con ella 17 procesados más plantearon esa acción ante la CC y será la jueza constitucional Carmen Corral quien está a cargo del recurso. (I)