Edwin Jarrín, exconsejero de Participación Ciudadana deploró que la Contraloría fue utilizada para perseguir judicialmente a exfuncionarios del gobierno de Correa.

Punto Noticias. A criterio del abogado Jorge Acosta, la detención del contralor subrogante Pablo Celi, por presunto delito de delincuencia organizada, era de esperarse, porque era vox populi que en la Contraloría se bajaban, previo pagos, glosas e indicios de responsabilidad de diversa naturaleza.

“Pero, no hay plazo que no se cumpla y ahora tenemos ahí a este señor en problemas con la justicia”, comentó.

Acosta cuestionó los tiempos que emplea la fiscal general para tramitar los procesos y puso como ejemplo la celeridad con la que actuó en el caso denominado Sobornos, con el que se dejó fuera de la contienda electoral al expresidente Rafael Correa, que, según dice, no había visto nunca en su experiencia profesional. En cambio, la investigación contra Celi, a pesar de que arrancó en junio de 2019, recién va a comenzar la instrucción fiscal.

Para el jurista, llama la atención el “timing” de la Fiscalía, que justo después de las elecciones sale con este asunto, cuando debió hacerlo hace un año, más o menos. “A uno ya se le ocurren ideas que van desde la conveniencia de mantener una posición, hasta conveniencias políticas”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que las personas que se sienten afectadas por la persecución del contralor Celi, ahora que es procesado y porque presuntamente usurpó funciones, puedan plantear demandas de reparación y acciones legales, a nivel nacional e internacional, Acosta considera que primero deberían ser echados abajo los indicios de responsabilidad penal o administrativa establecidos por la Contraloría para luego emprender acciones internacionales que corresponda, si hubiere lugar a ello.

En su opinión, las acciones, a nivel del país, deben estar encaminadas a que el nuevo contralor o el encargado disponga la revisión de las auditorías para determinar si las deja en firme o las echa abajo, con un nuevo examen especial.

Mientras tanto, Edwin Jarrín, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), quien se encuentra asilado en México, precisamente por la persecución emprendida por el contralor Celi, recordó que este personaje se tomó por asalto la Contraloría, rompiendo una acción de personal con la que se le destituyó del puesto de subcontralor.

Asalta la Contraloría General para sentarse en el despacho del contralor y poner todo el aparataje de este organismo a disposición del lawfare (persecución judicial) en contra de los funcionarios del gobierno de Rafael Correa, deploró.

Recalcó que la Contraloría fue utilizada para determinar glosas millonarias a cantidad de funcionarios, acosados y perseguidos, que no han tenido otra función que vivir respondiendo a este organismo de control. Contó que en su contra se estableció un indicio de responsabilidad penal con una glosa millonaria, por todos los vuelos presidenciales, porque al auditor se le ocurrió que como jefe de despacho de Rafael Correa debió pesar las maletas y verificar la lista de pasajeros.

Jarrín rememora que desde siempre se denunció cuáles eran los alcances de Celi, como en el caso de los exámenes realizados en el caso Odebrecht que no determinaron ningún tipo de responsabilidad, firmados por el contralor subrogante, a pesar de que esta transnacional fue denunciada por sobornar a funcionarios a nivel internacional para obtener contratos.

Destacó que las evidencias contra Celi fueron entregadas por Estados Unidos, con las que se establece que está inmerso en actos de corrupción, por los que su sobrino Raúl de la Torre Prado estuvo preso en EE. UU. y su hermano opera las glosas y cobra honorarios.