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Aunque los esfuerzos de Trump para retirar la ciudadanía podrían intensificarse, no se trata de una política nueva.

Durante su campaña para regresar a la Casa Blanca, Donald Trump insistió en la necesidad de cambiar las políticas migratorias, incluyendo medidas que afectarían a quienes obtuvieron la ciudadanía estadounidense de manera legal.

Según un artículo de El Tiempo de Bogotá, el principal asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller, declaró en 2023 que el exmandatario planea emprender esfuerzos para desnaturalizar a migrantes que han adquirido la nacionalidad estadounidense. Estos planes, de acuerdo con Miller, podrían acelerarse en caso de que Trump regrese al poder en 2025.

Una amenaza que persiste desde el primer mandato

El proceso de desnaturalización no es una propuesta reciente de Trump. Durante su primer mandato, el expresidente reforzó la Operación Segunda Mirada, una iniciativa que busca identificar a personas que obtuvieron la ciudadanía estadounidense pese a tener antecedentes criminales o órdenes de deportación.

Además, Trump aumentó el presupuesto destinado a la Seguridad Nacional para investigar más casos de desnaturalización, lo que resultó en un aumento significativo de casos. Según El Tiempo de Bogotá, se duplicaron los casos de desnaturalización durante su gobierno, y el Departamento de Justicia creó una sección especializada en estos procesos

En total, entre 2008 y 2020 se presentaron 228 casos de desnaturalización, de los cuales 94 fueron procesados durante los primeros años de la administración Trump. Sin embargo, es importante señalar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aclaró que un tribunal federal debe contar con pruebas sólidas para revocar la ciudadanía.

Un proceso legar y limitado

Aunque los esfuerzos de Trump para retirar la ciudadanía podrían intensificarse, no se trata de una política nueva. La desnaturalización existe desde 1906 y se utilizó en momentos de crisis, como durante las guerras mundiales. Actualmente, se aplica principalmente a personas acusadas de terrorismo, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos, según El Tiempo de Bogotá.