Las autoridades seccionales de la Amazonía no alcanzan una postura unificada sobre su interés de que el Estado eleve la asignación que reciben por la explotación de petróleo.

La mayoría de alcaldes sostiene que la renta debe subir $ 2 más que el valor actual (que está en $ 1), y la mayoría de prefectos dice que debe ser $ 4.

En cambio, el presidente Rafael Correa ha dicho que consentiría en que sea $ 1 más; pero ha condicionado su apoyo a la firma de un acuerdo.

El alza pasa por una reforma a la Ley 010, que dispone la transferencia de recursos a los gobiernos locales del Oriente. El dinero proviene del pago de un impuesto de $ 1 por cada barril de crudo extraído.

El Consorcio de Municipios Amazónicos entregará hoy una propuesta de reforma al jefe de Estado, anunció el vocal y alcalde Tena, Kléver Ron (CREO).

Lo hará en el marco de una cita de gobiernos autónomos, que organiza la Secretaría de la Política, en Cuenca.

Ron aseguró que el planteamiento de incrementar a $ 3 tiene el apoyo del 80% de los cabildos de la región y de la mayoría de juntas parroquiales.

De otra parte, cinco de los seis prefectos del Oriente respaldan la propuesta de elevar a $ 5 el impuesto, afirmó la representante de Orellana, Guadalupe Llori (PK). Ella precisó que solo el prefecto de Napo, Sergio Chacón (AP), discrepa.

Y lamentó la decisión de los municipios, pues según ella, había la intención de entregar al Ejecutivo un texto unificado.

Sobre el tema, Correa anticipó el pasado sábado que apoyaría un alza de hasta de $ 2, solo si las autoridades locales firman un acuerdo a favor de la explotación petrolera y minera responsable.

“A los que firmen con o sin ley se les darán esas rentas adicionales, pero basta de tanto cinismo”, dijo en alusión a ciertos políticos que –según él– piden más asignaciones pero no apoyan la explotación. Y nombró al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe (PK).

El aludido acusó a Correa de “chantaje” y de querer enganchar el acuerdo con el Yasuní.

Antecedentes

NORMA

Impuesto

La Ley para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica, más conocida como Ley 010, fue expedida en 1992; y establecía el pago de un impuesto de seis centavos por cada barril de crudo extraído.

Incremento

La norma fue reformada en el 2008, cuando el pago ya era de $ 0,50. Se lo elevó a $ 1 por cada barril.