Denuncian que prohibición de venta de productos básicos afectaría a trabajadores
Los trabajadores de los mercados expresaron su preocupación por el decreto presidencial 1.348 que limita la venta de productos de primera necesidad por parte de los buhoneros, debido a que consideran que esta disposición legal los afectaría en sus labores comerciales.
Exigieron al presidente Nicolás Maduro que antes de tomar una medida se debe escuchar al pueblo.
Argenis Urrachaga, trabajador del mercado Don Pollo de Catia, exhortó al ejecutivo nacional a rectificar su decisión de «atacar» a los trabajadores no dependientes, y por el contrario qie se dialogue con este sector para buscar soluciones para que sean incluidos en las cadenas de distribución realizadas por Mercal y Pdval: “En vez de aplicar sanciones punitivas pedimos que se realicen talleres de concienciación a la economía informal y nos sentemos a dialogar, sería también una solución a la escasez y grandes colas que el gobierno nos distribuya productos y nosotros los venderíamos a precios justos incluyendo nuestro margen de ganancia”.
Urrachaga afirmó que la bodega de barrio y los mercados a cielo abierto también se verían afectados por el decreto 1348 y afirmó que se están realizando decomisos de mercancías por parte de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad del estado. “Se está repitiendo la misma represión que vivimos durante la cuarta república, la economía no dependiente está consagrada en la Constitución y eso se ha violado. Estamos luchando con otros sectores para la creación de una ley que proteja a la economía informal”, dijo.
El trabajador recordó que los buhoneros varias veces se reunieron en persona con el presidente Chávez en Miraflores para debatir los problemas de este sector. Expresó que estan dispuestos al dialogar con el presidente Nicolás Maduro y el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
Francisco Moya, miembro de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) sección Mercados, señaló que es un error del gobierno nacional atacar a la economía informal, ya que según sus propias estadísticas son casi la mitad de los sectores productivos del país.