La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció este martes la muerte o desaparición de más de ochenta personas víctimas de la violencia policial, a su parecer, durante una gran operación antibandidismo realizada en Kinshasa entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

“En el espacio de tres meses, los policías que participaron en la ‘operación Likofi’ (‘golpe de puño’, en lengua lingala) ejecutaron extrajudicialmente al menos a 51 hombres jóvenes y adolescentes, y otros 33 fueron sometidos a desapariciones forzosas”, escribe la organización de derechos humanos en un informe.

Entre noviembre de 2013 y febrero de este año, el gobierno congoleño lanzó un vaso operativo antibandidismo con el objetivo de poner fin a los crímenes perpetrados por miembros de bandas organizadas llamadas “kuluna”. Se han registrado numerosas críticas contra la brutalidad de esta operación en el seno de la sociedad congoleña.

En octubre, Kinshasa expulsó al jefe de la oficina para los derechos humanos de la ONU en la RDC, Scott Campbell, tras la publicación de un informe realizado por sus servicios en el que se establecía en al menos 41 el número de víctimas en esta operación (nueve “ejecuciones sumarias” y 32 “desapariciones forzosas”). Los policías que participaron en la operación Likofi frecuentemente actuaron de manera “ilegal y brutal”, según HRW en su informe de una sesentena de páginas.

Al igual que la ONU, HRW señala que policías uniformados, “con el rostro cubierto con capuchas negras”, sacaron de sus casas a sus víctimas amenazándolas con armas de fuego, sin orden de arresto, para después abatirlas, a veces delante de miembros de su familia o vecinos. Otros fueron detenidos y ejecutados en mercados abiertos donde dormían o trabajaban, o en terrenos en las proximidades o espacios aislados, según este informe.

El número de víctimas podría superar el centenar. En ocasiones los cadáveres de éstas eran dejados en la calle como “advertencia”. HRW señala que el objetivo de este operativo era poner fin a las actividades de las bandas “kuluna”, y habiéndose las mismas reconocido como autoras de numerosos crímenes desde hace años, deplora que el mismo “no haya hecho progresar el Estado de derecho” en la RDC, sino “más bien haya constituido la negación” de éste.

La ONG demanda a las autoridades que “suspendan inmediatamente” de sus funciones al jefe de policía de Kinshasa, general Célestin Kanyama, y que “abran una investigación sobre su presunto papel en los actos cometidos durante esta operación”. En respuesta a las acusaciones de la ONU, el ministro del Interior congoleño, Richard Muyej, declaró que “el personal de la operación Likofi no actuaba encapuchado”.

El responsable comunicó una lista de una treintena de policías condenados por su comportamiento en el marco de esta operación, cinco de ellos bajo cargos de asesinato u homicidio involuntario, y dos por secuestro o detención arbitraria.