Del 1 al 20 de noviembre catorce personas fueron sentenciadas por delitos de violación sexual, cometidos entre 2018 y 2020.

Adicionalmente, hubo un procesado por un hecho ocurrido en 2007 y otro en el 2014, según datos de la Fiscalía. Las agresiones fueron infligidas en su mayoría a niñas jóvenes, de 9 a 19 años, de las cuales dos tenían discapacidad y cuatro quedaron embarazadas de quienes fueron sus agresores.

De los casos examinados solo uno terminó con la muerte de la víctima, una mujer de 77 años en Cuenca, Azuay.

Además, en los primeros 20 días del mes también se registraron sentencias a tres casos de abuso sexual (tocamientos no consentidos) y a un intento de violación, al igual que la captura de un hombre prófugo que habría violado a su hija hace diez años. En todos estos casos las afectadas fueron menores de edad.

La Fiscalía ha señalado en ocasiones anteriores que la celeridad en los procesos es baja debido a la poca cantidad de agentes especializados para atender este tipo de delitos.

Según cifras de la institución, existen 837 investigadores en todo el país, pero el número de casos de abuso, acoso y violación los sobrepasa.

El abogado Genaro Castro piensa que la disminución de las capacidades operativas y la falta de agilidad del sistema fiscal son factores determinantes para que muchas investigaciones no prosigan y terminen siendo archivadas.

“Hay otros casos en los que pese a tener avances en las investigaciones no se puede juzgar y sancionar a los procesados, pues estos se fugaron y se desconoce su paradero”, acotó. Uno de los sentenciados por violación sexual este mes estuvo prófugo por trece años.

De la misma manera, Castro dijo que se ha constatado la falta de investigación producto de la influencia de patrones discriminatorios, que descalifican a las víctimas y contribuyen a la percepción de estos delitos como no prioritarios.

En el país, solo el 25 % de los casos de violación llegan a la instancia de sentencia contra el culpable. El 75 % restante se queda en archivo.

Jacqueline Veira Rodríguez, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), señaló que en muchas ocasiones las sobrevivientes denuncian los casos, pero debido a la revictimización por parte de las autoridades, producto de la falta de especialistas en el ámbito, se genera el abandono de la causa.

“Mientras se siga investigando sin experticia, las mujeres van a seguir abandonando. ¿Cómo me vas a decir que eres experto si antes estabas en tránsito, en narcótico? Si desde los que receptan las denuncias juzgan con prejuicios a las personas que las hacen, ¿quién va a querer volver a donde la tratan mal?”, expresó la abogada.

Este fenómeno se da, según Veira, desde los estereotipos al momento de recoger el testimonio de la víctima hasta cuando le piden que recuerde una y otra vez la situación, lo que le impediría ingresar al proceso terapéutico de recuperación.

Durante el inicio de la emergencia sanitaria se redujo la cantidad de denuncias por violación sexual, especialmente entre los meses de marzo y abril. Sin embargo, poco a poco volvieron a escalar, hasta el último pico, el 6 de septiembre, cuando se receptaron 140.

Actualmente la pena más alta por este delito es de 22 años de prisión, tipificada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero existen agravantes que aumentan el tiempo de condena.

De los catorce casos de violación sexual sentenciados por la Fiscalía en lo que va de noviembre de este año, la sanción de once de ellos llega a 29 años por distintos agravantes como el parentesco, y uno a 34 años por muerte de la víctima.

Mientras tanto, para los abusos sexuales la pena máxima estipulada en el artículo 171 del COIP es de 5 años, pero con agravantes se puede extender hasta 10 años.

Del total reportado por la entidad, cuatro agresiones sucedieron en la provincia de Azuay, otras tres en Esmeraldas y en Bolívar, dos en Pichincha, Chimborazo y Zamora Chinchipe; y una en Pastaza. (I)