Deberán buscarse otras medidas de compensación, según el fallo de la Corte Constitucional.

Punto Noticias. La Corte Constitucional (CC) aclaró que no ordenó el pago de montos económicos exorbitantes y alejados de la crisis económica que atraviesa el país, sobre la reparación económica a los judiciales que sean reintegrados a sus cargos.

La CC, en julio pasado, dispuso que jueces, fiscales y defensores públicos, que fueron destituidos por error inexcusable, negligencia y dolo, puedan recuperar sus puestos de trabajo de forma retroactiva y solicitar una reparación.

El Consejo de la Judicatura (CJ) exteriorizó su preocupación, considerando que no se podría dar cumplimiento al reintegro de funcionarios por razones económicas e institucionales. Según los cálculos iniciales, por ejemplo, un juez que ganaba USD 5.000 al mes, y haya dejado de trabajar un año, debería recibir USD 60.000 en caso de ser reintegrado.

La Judicatura sostuvo que no podría desembolsar tal cantidad de recursos, debido a que entre 2019 y 2020, el Ministerio de Finanzas le recortó USD 19,5 millones de su presupuesto.

Al CJ llegó un listado de 208 exfuncionarios que fueron separados por error inexcusable y negligencia, entre 2010 y 2018, demandando el retorno a sus cargos y que, para la reparación, se calcule el sueldo acumulado por los años que dejaron de trabajar, más los beneficios de ley.

Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, quien entregó la nómina, reclamó haber sido destituida en 2015 y que para entonces ganaba USD 5.011, por lo que tendría que recibir USD 295.649.

Ante esta preocupación, el organismo constitucional apuntó que la Constitución y la ley prevén varias formas de reparación. “De ningún modo debe entenderse que se privilegia la compensación económica. Adicionalmente, la reparación que se determine en cada caso debe atender a criterios como la seguridad jurídica y el interés general”, señaló.

El vocal de la Judicatura Juan José Morillo declaró que ningún exfuncionario ha recuperado todavía su cargo ni ha recibido una reparación. Explicó que el retorno del personal no será automático, sino que un juez constitucional o contencioso-administrativo deberá analizar los casos de quienes presentaron acciones de protección, para decidir si recuperan o no sus cargos.

La CC puntualizó que no ordenó el regreso automático de los exfuncionarios judiciales. Es decir, entrarán en análisis solo aquellos casos cuyas acciones de protección u otras figuras aún estén en curso.

Fuente: CC, CJ, El Comercio.