
Daniel Noboa emite reglamento de la Ley de Integridad Pública
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Daniel Noboa emitió el reglamento de la Ley de Integridad Pública con un decreto.
El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 57 que establece el reglamento general de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El documento contiene 243 páginas y fija directrices para implementar reformas en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley del Servicio Público y la Ley de la Contraloría General del Estado.
¿Qué incluye el reglamento de la Ley Orgánica de Integridad Pública?
El reglamento incluye nuevas definiciones y procedimientos en los procesos de contratación pública. También fija criterios de preferencia para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), economía popular y solidaria y producción nacional.
Además, exige la certificación obligatoria para los operadores del sistema de contratación. Entre los cambios principales constan:
- Reformas al Reglamento General de Contratación Pública.
- Dispositivos para evitar colusión, vínculos indebidos y corrupción.
- Parámetros para fortalecer la integridad en los procesos de compra pública.
Reglas para mejorar la transparencia estatal
El reglamento refuerza el uso obligatorio del Portal de Contratación Pública. También impulsa políticas de gobierno abierto y datos abiertos para garantizar el acceso a la información y el control ciudadano.
Funcionarios excluidos del reglamento
Los servidores públicos que se rigen por regímenes especiales de talento humano no se sujetan a este reglamento.
Aquí puedes revisar el documento completo:
Demandas contra la Ley de Integridad Pública
Tres gremios ingresaron nuevas demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública el miércoles 16 de julio de 2025. Estas se suman a más de 15 acciones ya presentadas desde su publicación en el Registro Oficial, el 26 de junio.
La Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Magistrados y Jueces, y docentes de la Universidad Central del Ecuador cuestionan las reformas por afectar estabilidad laboral, derechos adquiridos y autonomía institucional. El Ejecutivo no emitió pronunciamientos sobre estos procesos