Cuestionan que los decretos expanden el extractivismo y, a su criterio, omiten la forma en la que se van a garantizar los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos.

Punto Noticias. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica pidieron la anulación de los Decretos Ejecutivos 95 y 151 -del 07 de julio y el 5 de agosto de 2021, respectivamente-, emitidos por el Presidente Guillermo Lasso, con los que “oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera en Ecuador”.

Estos documentos, dicen, son preocupantes por la vulneración que habría a sus derechos de participación en las decisiones que puedan afectarlos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva.

Explican que el Decreto 95 protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y “propone una “transición” en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales”.

Consideran que esto implicaría que se revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y/o concesión de bloques petroleros, así como viabiliza varios cambios normativos que evadirían el marco constitucional.

Este Decreto vigente también afectaría los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Las organizaciones critican que también impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas, y traslada el costo de los riesgos al Estado.

Mientras que el Decreto 151, aseguran, “pretende de manera engañosa, posicionar al país como un atractivo de inversión minera”. Expresaron su preocupación y esperan que no sea un justificativo “para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera”.

Critican que los decretos expandan el extractivismo y, a su criterio, se omite explicar la forma en la que se van a garantizar los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de los pueblos indígenas y de defensores y defensoras ambientales que actualmente están criminalizados.