Cuatro ciudadanos extranjeros señalados de venir ejerciendo el tráfico ilegal de personas en el Resguardo Indígena de Rumichaca, en Ipiales, frente a Tulcán, en la frontera colombo- ecuatoriana fueron juzgados por la legislación nativa de este sector.

El hecho se registró la noche de este miércoles, en este lugar ubicado a dos km del Puente Internacional de Rumichaca. En esa jurisdicción los indígenas decidieron facilitarles semanas atrás un terreno cerca al río internacional Carchi – Guaytara para que allí vivan.

La ubicación estratégica fue aprovechada por los migrantes de nacionalidad venezolana para convertir a ese territorio limítrofe en un cinturón para movilizar por el afluente de forma irregular a extranjeros que venían o iban hacia el Ecuador a cambio de dinero, señaló el dirigente Marco Fuel Chambud.

Ante los abusos que venían cometiendo los foráneos, las autoridades decidieron primero advertirles colocando carteles en las viviendas y postes de energía eléctrica en los que rezaban los decretos de convivencia y artículos de la ley indígena.

Con el paso del tiempo, los forasteros comenzaron con armas blancas a amedrentar a la población y a tomar posesión, algo que obligó a los dirigentes a tomar medidas y colocar nuevos anuncios indicándoles que no los querían en ese lugar.

Cansados de los excesos que cometían y molestos porque estaban convirtiendo al cabildo en zona ilegal, la guardia indígena y comuneros optaron por capturarlos y aplicarles los usos y costumbres a los cuatro integrantes de esa organización.

Los llevaron hasta el corazón del poblado, donde frente a la gente fueron azotados. Los obligaron a acostarse boca abajo sobre la calzada y con un cabestro, el máximo dirigente del cabildo les proporcionó cuatro azotes en la nalga a cada uno.

Uno de los castigados luego del escarmiento saltaba y corría del dolor, arrepentido quizás por las acciones que venían cometiendo, indicó que los fuertes fuetazos le dejaron vetas en las posaderas.

Fuel señaló que ante la inacción de la Policía Nacional tuvieron que aplicar su propia justicia, que consta en la Constitución de Colombia. Aclaró además que no se trata de xenofobia o que estén atentando contra los derechos humanos, sino que utilizaron su legislación en contra de estas personas que hacían de las suyas e incluso transitaban armadas.

Los dirigentes anunciaron que continuarán vigilando los pasos fronterizos que circundan a su circunscripción y que no permitirán siga fomentándose el robo y el coyoterismo. “Si no nos levantamos nuestro resguardo se convierte en tierra de nadie”, coincidieron regidores y guardias.

El cierre del viaducto binacional proliferó este delito generando incertidumbre en esta pequeño resguardo fronterizo, debido que ingresan o circulan grandes cantidades de personas desconocidas que ponían en riesgo la seguridad. (I)