El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Eduardo Peña, señaló el 13 de junio en una entrevista que una de las reformas que están evaluando es «terminar con algunas jubilaciones especiales«.

El IESS gestiona estas jubilaciones para trabajadores que se desempeñan en actividades consideradas insalubres o de riesgo.

Según la Ley de Seguridad Social, estos afiliados tienen derecho a jubilarse con un menor número de aportaciones que el resto, lo que les permite acceder más temprano a la pensión por vejez.

«Estas jubilaciones privilegiadas, con aportaciones más cortas, deben ser cambiadas, y que todos los ecuatorianos tengamos un mismo sistema», recalcó Peña.

Los trabajadores con jubilaciones especiales están en los siguientes sectores:

• Cementero
• Azucarero
• Gráfico
• Telecomunicaciones.

Para cada caso, aplican normas y condiciones específicas. Por ejemplo, un trabajador del sector de telecomunicaciones que se desempeñe como técnico en mantenimiento de equipos de telecomunicaciones puede jubilarse con 25 años de servicio o 300 aportaciones mensuales.

Reconocidas por la ONU

La especialista en seguridad social, Patricia Borja, señala que las jubilaciones especiales están reconocidas en instrumentos internacionales y en las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

«Estas condiciones más flexibles se debe a que estas personas están expuestas a riesgos mayores que pueden generar incluso una disminución en su esperanza de vida», recalca Borja.

Falta de financiamiento

En el caso de los trabajadores y extrabajadores de la industria del cemento, la Corte Constitucional emitió una sentencia, en noviembre de , en la que dispuso al presidente de la República, Daniel Noboa, que presente un proyecto de ley a la Asamblea para regular la situación de este grupo de afiliados.

La Corte dispuso esta medida, tras haber aceptado la inconstitucionalidad de las normas que regulaban las fuentes de financiamiento de la prestación de pensión jubilar especial.

En su análisis, el organismo de control detectó que las fuentes de financiamiento son insuficientes para «asegurar que la pensión jubilar especial esté disponible para sus actuales beneficiarios y menos para los futuros trabajadores de la industria del cemento».

Sin embargo, la Corte dispuso que, hasta la aprobación de esa ley, quienes ya tenían derecho a acceder a la prestación de pensión jubilar especial, al momento de la notificación de la sentencia, puedan hacerlo.

Borja recalca que estas jubilaciones deben estar «bien enfocadas» para que cumplan con su finalidad de dar protección a estos trabajadores que laboran en condiciones de riesgo, pero no considera adecuado que se esté buscando eliminarlas.