Oficialismo y oposición coincidieron en las críticas sobre las atribuciones que tendría el defensor del Pueblo, según el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que se tramitó ayer en la Asamblea en primer debate con un informe favorable de la Comisión de Participación Ciudadana.

El artículo 18 del proyecto señala que el defensor deberá aprobar el trámite de las peticiones sobre demandas de inconstitucionalidad, acciones extraordinarias de protección, amicus curiae, acciones por incumplimiento, interposición de garantías jurisdiccionales en contra de las máximas autoridades de las funciones del Estado o de las instituciones públicas, entre otras.

Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) declaró que se está acabando con lo poco que queda en el país de garantismo constitucional y se está convirtiendo a la Defensoría en una “aduana constitucional”.

Mauro Andino (AP) dijo que la redacción de este artículo es confusa y que espera que el artículo 17, que habla de las atribuciones exclusivas del defensor, también se trate de un problema de redacción y no de un aspecto de fondo.

El proyecto regresó a la Comisión que incluirá las observaciones que considere necesarias para el segundo debate.