La crisis política que enfrenta el Gobierno de México por la desaparición de 43 estudiantes hace cinco semanas comenzó a proyectar una sombra sobre la economía, al advertir hoy el banco central del riesgo de un posible impacto por los «recientes acontecimientos sociales».

El Banco de México admitió la «posibilidad de una evolución de la actividad económica menos dinámica que la prevista en caso de que los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos».

La institución aludió así al posible impacto que puede tener la crisis que estalló en el país tras los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero, cuando policías atacaron a tiros a alumnos de una escuela rural para maestros presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.

Esa noche murieron seis personas, 25 resultaron heridas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías y, de acuerdo con las investigaciones, entregados al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de su desaparición.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien había logrado que se hablara de un México en pleno proceso de transformación a raíz del impulso de una serie de reformas estructurales, ahora trabaja contra el tiempo para hallar a los jóvenes, esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Parte del potencial impacto económico podría proceder del exterior si los eventos de Iguala y las violentas manifestaciones de protesta que han seguido afectan la confianza de los inversionistas en la capacidad del Gobierno para mantener el orden y brindar seguridad.

El caso ya ha causado reacciones en la escena internacional, con pronunciamientos de preocupación de la Casa Blanca y de solidaridad con las víctimas por parte del papa Francisco.

Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de México más avances en la localización de los estudiantes y aseguró que evaluará una propuesta para ayudar a la creación de un grupo de asistencia técnica que apoye la búsqueda.

En tanto, el Gobierno trata de contener la indignación que la desaparición de los jóvenes ha causado en el país, con pronunciamientos cotidianos sobre los esfuerzos invertidos en hallarlos con vida.

«Mientras no existan indicios de lo contrario, pensamos que los podemos encontrar con vida», señaló este viernes el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio.

«Estamos trabajando para el escenario que queremos, que es encontrar a los jóvenes; estamos en este trabajo permanente, diario hay cientos de personas, de gente e instituciones de seguridad, en la búsqueda para encontrar a los 43 jóvenes», dijo en una entrevista radiofónica.

Hallar a los jóvenes vivos es la exigencia central de los familiares, que este viernes encabezaron una nueva jornada de protesta en el puerto turístico de Acapulco, ubicado en Guerrero.

El Gobierno «se ha enfrascado en una búsqueda de muertos, cuando en realidad los padres tenemos la esperanza de que los muchachos estén con vida», dijo a Efe el padre de una de las víctimas, que pidió el anonimato.

Unas 5.000 personas recorrieron hoy las calles de Acapulco para exigir que sean hallados con vida los 43 estudiantes y la renuncia del gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, al señalar que no fue elegido por el pueblo.

Ortega fue designado por el Congreso de Guerrero, después de que el político Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, se vio obligado a renunciar por la presión social generada por los hechos violentos del 26 de septiembre.

Con las fotos de los desaparecidos en mano y al grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», los manifestantes recorrieron la Costera Miguel Alemán, la principal avenida del balneario, hasta la sede de la Alcaldía.

En la marcha participaron estudiantes, maestros y organizaciones campesinas, que también coreaban: «Cuidado con Guerrero, estado guerrillero» y «Si no hay solución, habrá revolución».