La procuradora de la Corte Penal Internacional desestimó todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, poniendo de manifiesto una vez más las dificultades que tiene la corte para procesar a altos funcionarios acusados de delitos atroces.

En una lacónica nota de tres párrafos, la fiscal Fatou Bensouda comunicó oficialmente que desestimaba los cargos contra el mandatario, aunque se reservaba el derecho de volver a presentarlos si obtuviera nuevas pruebas.

Kenyatta estaba acusado de violación, asesinato, persecución, deportación y otros crímenes como «copartícipe indirecto» en la ola de violencia que siguió a las elecciones de 2007 y dejó un millar de muertos.

Los fiscales acusaron reiteradamente a Kenia de restarle cooperación. Los jueces de la corte dijeron que la actitud de Kenia no cumple con los patrones de cooperación de buena fe.

Bensouda dijo en su comunicado que la falta de cooperación «afectó gravemente» el caso.

«Privó a las víctimas del derecho de conocer plenamente lo que sucedió en 2007-2008. Además socavó mi capacidad de realizar una investigación exhaustiva. Adicionalmente, por último, impidió que los jueces realizaran sus funciones cruciales de evaluar las pruebas y determinar la verdad», afirmó la fiscal.

El derrumbe del caso es un nuevo golpe a la credibilidad de la fiscalía, que ha iniciado nueve investigaciones desde su creación en 2002, todas en África y mantiene apenas siete sospechosos presos.

Trece sospechosos siguen en libertad a pesar de las órdenes de arresto que pesan sobre ellos, incluyendo el presidente sudanés Omar al-Bashir, el caudillo Joseph Kony y Seif al-Islam Gadafi, hijo del difunto dictador libio Moamar Gadafi.

El abogado británico de Kenyatta, Steven Kay, dijo que la corte y sus fiscales «deben disculpas (a Kenyatta) por iniciar una demanda basada en testigos falsos y por impugnar su integridad en semejantes circunstancias».

Fergal Gaynor, abogado de las víctimas de la violencia postelectoral, acusó al gobierno de Kenyatta de bloquear a la corte, para decepción de miles de personas que sufrieron en el derramamiento de sangre étnico de 2007 y principios de 2008.

«La búsqueda de justicia por parte de las víctimas se ha visto cruelmente burlada en Kenia y la CPI. Las víctimas creen que el fiscal puede hacer mucho más para llevar al banquillo siquiera a algunos de los autores», dijo Gaynor.