Considera que el recorte del presupuesto de los GAD, propuesto por Finanzas, es inconstitucional.

Punto Noticias. En opinión del abogado especialista en descentralización Christian Pino, el mal manejo económico del Gobierno Nacional ha provocado que este les adeude a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), parroquiales, municipales y provinciales, alrededor de dos mil millones de dólares.

El Ejecutivo no ha transferido a los GAD los recursos que les corresponde, legal y constitucionalmente, por concepto de modelo de equidad, riego, devolución del IVA, con un problema adicional que es el recorte del presupuesto de las entidades locales, dispuesto por el Ministerio de Finanzas, señaló el experto.

Para Pino, este recorte es ilegal, porque supera los límites establecidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que en su artículo 118 establece que el recorte no puede superar el 5 % de lo presupuestado.

Si el Gobierno quiere superar este porcentaje del recorte presupuestario, debería proceder conforme los mecanismos establecidos en la Constitución, que es una reforma a la ley, advierte.

Según Pino, el recorte que pretende llevar a cabo la cartera de Finanzas sobrepasa el 60 % del presupuesto establecido para los gobiernos seccionales.

El especialista en descentralización observó que el incumplimiento en la entrega de recursos a los GAD, por parte del Ejecutivo, afecta a la ciudadanía, especialmente a la población que recibe los servicios públicos que son ofertados por estas entidades locales, que son de suma importancia, como desarrollo productivo, riego, turismo, gestión del patrimonio, agua potable, saneamiento, gestión ambiental, etc.

Esta situación ha traído complicaciones para los GAD, porque, a esta altura del año, sin conocer cuál será el porcentaje del recorte presupuestario, no hay planificación que funcione y que puedan hacer hacia el futuro, reflexiona.

Recordó que los gobiernos locales, por estas fechas, deben estar acordando sus presupuestos con los respectivos órganos legislativos, pero sin la claridad ni certeza del recorte, que es inconstitucional, no lo podrán llevar a cabo.