Con once votos a favor y uno en contra, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó el lunes último el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública.

La normativa permitirá regular, de mejor manera, los servicios que presta la Defensoría Pública a través de más de 700 defensores públicos que brindan asesoría y patrocinio legal en 194 puntos de atención en las 24 provincias del país. La iniciativa también propone fortalecer la formación continua y especialización de los defensores públicos, por medio de la implementación de la Escuela Defensorial.

El informe prevé que a ley tendría tres capítulos: el primero, sobre disposiciones generales; el segundo, sobre la Defensoría Pública en la prestación de servicios de patrocinio y asesoría jurídica; y el tercero, sobre la red complementaria a la defensa jurídica pública.

El único voto en contra fue el de la asambleísta por Manabí, Karla Cadena. La legisladora se opone a traslade al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior la competencia que hoy tiene la Defensoría Pública para acreditar y evaluar a los consultorios jurídicos de las universidades.

Según la Defensoría del Pueblo, este tema también habría sido observado durante la votación por los miembros de la Comisión Franklin Samaniego y Henry Cucalón.

El traslado de competencias también es motivo de preocupación del defensor público general, Ángel Torres, quien en varias ocasiones habría presentado su reclamo a la Comisión, pues el cambio implicaría aumento del gasto público porque el Consejo de Aseguramiento deberá contratar profesionales para realizar la evaluación y acreditación en todas las provincias del país.

La Defensoría Pública, por más de una década, ha tenido a su cargo la acreditación y evaluación de los consultorios jurídicos de universidades con personal especializado, parámetros objetivos y estándares internacionales.

El informe para primer debate pasará a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, para la posterior convocatoria al Pleno y la discusión del documento. (I)