Con nueve postulantes, que sin la recalificación de la prueba práctica suman en la Fase de Méritos y la Fase de Oposición (pruebas teórica y práctica) más de 80 puntos, nota mínima requerida para aprobar el concurso público de selección y designación de 16 jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es con lo que arranca el 2021 el Consejo de la Judicatura (CJ) para lo que se transformaría en la tercera renovación parcial del más alto órgano jurisdiccional de justicia, bajo esta nueva modalidad.

El 31 de diciembre último, el CJ hizo públicas las calificaciones sobre 40 puntos que obtuvieron los 23 postulantes que aún siguen en carrera por uno de los 16 cargos en las cinco salas especializadas de la CNJ. Solo uno de ellos obtuvo el máximo de la nota, mientras que otros ocho ubicaron sus calificaciones entre los 36,64 y los 39,66 puntos y el resto de 15 a 35,98 puntos.

Desde el lunes próximo empezarán a correr los tres días que tienen los concursantes para solicitar, de creerlo necesario, la recalificación de las notas otorgadas por el Comité de Expertos Profesionales. Es decir, podrían existir notas que varíen y puedan alcanzar o superar el mínimo de 80 puntos que define el reglamento del concurso para aprobar el proceso.

Al menos cuatro concursantes más estarían cerca del mínimo de 80, mientras que diez aspirantes mantienen en la sumatoria notas que van de los 53,15 a los 68.13 puntos.

Dos días antes de la entrega de las notas de la prueba práctica, el CJ aclaró que el concurso no ha sido ni será declarado desierto, puesto que no existen causales para ello. Aun así adelantó que solamente cuando concluyan todas las fases del proceso la institución estará en capacidad de determinar si el número de postulantes que aprobaron el concurso es suficiente para cubrir las vacantes existentes en la CNJ.

«En el supuesto caso de que no exista el número suficiente de postulantes para cubrir las vacantes de una o de varias salas de la CNJ, será el pleno del CJ el que, en función de sus competencias, atribuciones legales y constitucionales, analice las alternativas siempre en sujeción al ordenamiento jurídico vigente», explicaba el CJ en un comunicado institucional.

Hipotéticamente hablando, de no existir el número indicado de postulantes para llenar las vacantes en la Corte Nacional, Pedro Crespo, director general del CJ, explicaba que el pleno de la institución podría resolver declarar desierto parcialmente el concurso o convocar a uno nuevo. «Eso lo resolverá el pleno del CJ en su momento si lo considera indispensable».

De este concurso no solo se espera tener los jueces titulares en áreas de lo Administrativo, Laboral, Penal y afines, Civil y afines y Tributario, sino también quienes integrarían el banco de elegibles, es decir, quienes podrían reemplazar a los titulares ante una eventual ausencia.

El proceso arrancó con 115 postulantes, pero solo 100 cumplieron los requisitos dispuestos en el reglamento y la Ley, quedando habilitados para la Fase de Méritos, que fue calificada con 25 puntos.

A casi seis meses de iniciado el proceso (8 de julio pasado) solo quedaron habilitados para la prueba teórica 77, pero asistieron a la evaluación calificada con 35 puntos finalmente 69. En tanto que para la prueba práctica, la cual se dio entre el 28 y 29 de diciembre últimos, únicamente continuaron en competencia 23, es decir, solo los concursantes que obtuvieron más de 40 puntos, sumadas las calificaciones obtenidas en la Fase de Méritos y la subfase de la prueba teórica.

En un principio, el CJ dijo que el 25 de enero debían ya ser posesionados quienes reemplazarían a 16 de los 21 jueces de la CNJ, pero luego se anunció que el cronograma sufriría variaciones, pasando el final del proceso de selección del 31 de diciembre de 2020 al 15 de enero del 2021 y luego al 4 de marzo, debido a problemas técnicos (un recalentamiento) en el Data Center de la Función Judicial.

El 21 de diciembre pasado, el pleno del CJ comunicaba de un nuevo cambio en el cronograma. Definía al 6 de febrero próximo como la fecha para tener la lista definitiva con los nombres de quienes ocuparían una de las siete vacantes para jueces que estarán en un cargo en la CNJ por un periodo de nueve años, los dos puestos para jueces con un cargo por seis años y las siete vacantes para jueces que estarían en su puesto por tres años.

Las críticas y reparos han acompañado al concurso no solo por estos cambios en el cronograma, sino desde sus inicios. Uno de los primeros hechos que marcaron este proceso fue el que la Comisión Nacional Anticorrupción renunció a realizar el control social del proceso de selección ante una supuesta falta de información del ente organizador, es decir, el CJ.

Solo quedaban vigilando el concurso 64 integrantes de la Veeduría Ciudadana que conformó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ese número también ha sufrido variaciones, pues a inicios de diciembre último renunciaron diez veedores y a decir de la ahora exveedora Ana Abril, de los posesionados solo quedan 31 y a las reuniones asistían entre 22 y 24 de los veedores.

Abril refirió que ella y otros nueve veedores renunciaron, ya que no pueden seguir formando parte de un concurso en el que se ha perdido la «objetividad y credibilidad». Ella al igual que parte del CPCCS son partidarios de que el concurso se suspenda parcial o totalmente, se rehaga, se resuelvan los errores y se cuide la legalidad y legitimidad de quienes ocuparán en la CNJ un cargo tan importante.

Antes de instalarse la prueba práctica en este concurso, el 28 de diciembre pasado, Washington Barragán, coordinador de la Veeduría Ciudadana, por un lado reconocía que en esa instancia han existido «discrepancias y controversias» y por otro tenía claro que por el bien del Ecuador en este proceso deben triunfar los mejores postulantes.

Apuntaba dos cosas: que como veedores deben aportar a que la transparencia en este concurso esté garantizada y que no son quienes para hacer estrictos juicios de valor, que eso le compete al pleno del CPCCS, decía. «Nosotros debemos observar e informar de manera neutral e imparcial. Ese es nuestro cometido», refirió.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, ha defendido el trabajo realizado e insiste en que este concurso se trata de “un proceso transparente”. Resaltó en una de sus últimas intervenciones que en estos meses en el proceso han participado notarios, veedores, universidades, gremios, por lo que criticó que se preste más oídos a personas que «representan intereses individuales».

En un comunicado el pleno del CJ anotaba que «más allá de las críticas infundadas de ciertos sectores y grupos minoritarios que persiguen determinados intereses», el concurso se ha cumplido de forma transparente y «sin que nadie haya podido probar la existencia de irregularidades de ningún tipo».

Quien fue la primera en renunciar a la postulación que mantenía para uno de los dos cargos en la Sala Laboral de la CNJ, la actual jueza de la Corte de Justicia del Guayas, Ivonne Núñez, refiere que el sistema judicial del Ecuador debe ser la institución más creíble y segura del Estado y que una cosa distinta es destruirla. Ella dejó el concurso asegurando que no se brindaban las garantías del caso.

Respecto de las denuncias de irregularidades, Gustavo Almeida, uno de los postulantes a un cargo en la CNJ, cree que estas supuestas situaciones anómalas tienen que ser demostradas y probadas y no simplemente ser dichas desde una plataforma que no sabía si era política. Él califica al proceso como correcto e implacable y piensa que es uno de los concursos más difíciles que se han presentado.

De existir solicitudes de recalificación, estas deberán estar resueltas la primera semana de enero, para que el concurso avance hacia la etapa de presentación de impugnaciones ciudadanas a las postulaciones. Esto se daría entre el 20 y 22 de enero próximos. (I)