Con el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito, Guido Andrade; el administrador del contrato, Óscar M; y la funcionaria municipal, Astrid A. con una orden de prisión preventiva, y con la orden de presentación diaria de Adrian A. y Juan A., aparentemente relacionados con la empresa contratista, es como terminó la madrugada de este jueves la audiencia de formulación de cargos que tiene que ver con un posible sobreprecio relacionado con la compra de mascarillas, gafas y trajes de protección para la Epmaps.

Peculado será el delito por el que se les investigue a los ahora procesados durante los 90 días que durará la instrucción dispuesta por un juez de flagrancia de Pichincha.

Sofía R., sobrina del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, y Sandra H., quienes fueron retenidas con fines investigativos, no fueron procesadas dentro de esta causa.

Los ahora procesados fueron detenidos durante una docena de allanamientos que realizó un grupo de la Fuerza de Tarea creada por la fiscal general Diana Salazar para investigar casos por actos de corrupción que se generen a raíz de emergencia sanitaria de COVID-19.

En inmuebles ubicados en el Valle de los Chillos, Conocoto, al suroriente de Quito; en oficinas de la Epmaps y en la zona de la González Suárez, al norte de la ciudad; y en varios lugares en el Centro Histórico de la capital se incautaron nueve laptops, dos tablets, ocho teléfonos celulares, dos libretas tipo agenda, 2 560 mascarillas N95, 920 gafas de bioseguridad, más de 2 000 trajes de bioseguridad, insumos médicos, documentación… (I)