La Fuerza de Tarea liderada por Salazar y coordinada por la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Antilavado de Activos, arranca su trabajo con 45 investigaciones: 2 que se encuentran en etapa de instrucción fiscal y 43 en fase de investigación previa. Los expedientes de estos casos estarán centralizados en Quito desde este momento.

Entre los delitos relacionados con la administración pública que se investigan están peculado, tráfico de influencias, cohecho, concusión; alteración de evidencias y elementos de prueba, porque en un allanamiento una funcionaria trató de esconder documentos; y el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que está relacionado con el mal manejo de cadáveres en Guayaquil.

Guayas, con doce casos abiertos por posibles irregularidades en la contratación de insumos médicos para enfrentar la pandemia, y Los Ríos, con once, son las provincias con mayor cantidad de investigaciones abiertas por posibles actos de corrupción en la emergencia.

Les siguen Manabí, con cuatro casos; Pichincha, Chimborazo y Tungurahua, con tres; Loja e Imbabura, con dos; y Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro y Santo Domingo, con uno.

Salazar decide centralizar en la Fiscalía General en Quito las investigaciones de este tipo de casos, pues sabe que quizá algunos gobiernos provinciales van a ser objeto de investigaciones y en jurisdicciones pequeñas se manejan con el parentesco y puede que los “fiscales provinciales no tengan la imparcialidad para investigar a estas personas”.

De los 45 casos abiertos, solo uno tiene que ver con fuero de Corte Nacional de Justicia y es el relacionado con la instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias que habría ocurrido en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y en el que es indagada su exdirectora Alexandra Ocles. Otros cuatro casos mantendrían fuero de Corte Provincial y 40, fuero ordinario.

Apenas 2 de las 45 investigaciones están en instrucción fiscal: una relacionada con la SNGR y otra con el hospital de Los Ceibos, y 43 continuarían en investigación previa.

Sobre el caso de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la compra de pruebas PCR para COVID-19 a Salumed, uno de cuyos accionistas mayoritarios, Juan Vinelli Ayala, fue investigado en 2016 porque tenía dos empresas en los Papeles de Panamá, Salazar dijo que aunque no quería hablar de casos específicos, creaba este grupo especial de fiscales para no repetir aquello. Por los Papeles de Panamá se iniciaron decenas de casos que no quedaron en nada, dijo.

De acuerdo con los archivos, Vinelli era accionista de la empresa Magson Portofolio Corp. en Panamá, junto con Zang Jiayong, representante de la empresa china CETC, que posteriormente vendió un sistema de radares al Ministerio de Defensa que nunca funcionó. En los Papeles de Panamá también constaba un acuerdo de dos empresas offshore para el pago de comisión sobre un contrato público de medicinas en Ecuador, en marzo de 2015.

La Fuerza de Tarea creada en Fiscalía durará, dijo Salazar, hasta cuando se haya culminado con el último de los procesos que se den dentro de esta crisis sanitaria. “No más impunidad. (…) No es posible que escándalo tras escándalo entonces cubra lo uno, cubra lo otro y nos vayamos olvidando”, aseguró la fiscal.

40

fiscales y expertos en investigación y análisis laborarán en la flamante Fuerza de Tarea de la Fiscalía.

12

investigaciones corresponden a hospitales y entidades seccionales de Guayas, que más casos tiene.

45

casos de corrupción se han denunciado en hospitales y gobiernos seccionales desde marzo. (I)