El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene la potestad de tomar la última decisión cuando hay conflictos en elecciones en Ecuador. Puede sancionar irregularidades, resolver disputas entre candidatos e, incluso, quitar los derechos políticos a autoridades electas con voto popular, y eso significaría su destitución.

Los jueces que lo conforman son elegidos mediante un concurso público de méritos y oposición, que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El pleno del TCE está conformado por cinco jueces principales, y cada uno tiene su respectivo suplente. Actualmente, está presidido por Ivonne Coloma. Junto a ella están los jueces Ángel Torres, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega y Richard González.

Las decisiones no las toma una sola persona: se resuelven por mayoría, es decir, tres de cinco votos.

Coloma fue reelegida como presidenta del TCE en junio de 2025. Ya había asumido ese cargo en agosto de 2024, luego de que el juez y entonces presidente del TCE, Fernando Muñoz, fuera removido. Muñoz renunció en junio de 2025, en medio de una queja en su contra y al cumplirse su período.

Los jueces del TCE deben ejercer el cargo solo seis años, el 20 de mayo de 2025 terminó el período para el que fueron designados. Sin embargo, actualmente siguen en funciones prorrogadas porque el CPCCS no ha terminado el concurso para renovar parcialmente el tribunal, que empezó en 2022, según la página de la institución.

¿Qué es el TCE y qué hace?

El Tribunal Contencioso Electoral es la institución que decide sobre problemas relacionados con las elecciones en Ecuador.

Resuelve casos como impugnaciones a decisiones del Consejo Nacional Electoral, conflictos dentro de organizaciones políticas, sanciones por irregularidades en campañas —incluido el uso indebido de dinero y el proselitismo político— y denuncias por violencia política de género.

También puede decidir si un proceso electoral es válido o no.

El TCE no actúa por iniciativa propia. Interviene cuando una persona, un candidato, una organización política o una autoridad presentan una denuncia, un recurso o una queja.

¿Cómo está conformado?

El TCE está integrado por:

• cinco jueces principales

• cinco jueces suplentes

Cada uno ejerce funciones por seis años.

El tribunal no se cambia completo al mismo tiempo. Se renueva parcialmente cada tres años: primero salen dos jueces, luego tres, y así sucesivamente.

El concurso para elegirlos

El concurso para elegir a los jueces del TCE está a cargo del CPCCS, que es la institución encargada de designar a autoridades del Estado.

Para iniciar el proceso, el CPCCS conforma una Comisión Ciudadana de Selección.

Esta comisión es la encargada de organizar el concurso: recibe las postulaciones, revisa que los candidatos cumplan los requisitos, evalúa su trayectoria y conocimientos, tramita las impugnaciones ciudadanas y elabora los informes en cada etapa.

La comisión está integrada por diez miembros:

• cinco delegados de las funciones del Estado:

• Ejecutiva
• Legislativa
• Judicial y Justicia Indígena
• Transparencia y Control Social
• Electoral
• cinco representantes de la ciudadanía, que son seleccionados mediante un concurso de méritos y luego elegidos a través de un sorteo público.

Además, el CPCCS conforma una veeduría ciudadana , y para eso convoca a personas y organizaciones sociales para que se inscriban y participen como veedores. Su función es observar y vigilar todas las etapas del concurso, desde la postulación hasta la designación, para verificar que el proceso sea transparente y se cumpla la normativa.

Estas son las fases del concurso

El proceso se desarrolla en varias etapas públicas y con control ciudadano.

Primera: convocatoria y postulación

El CPCCS hace una convocatoria nacional e internacional—que se difunde en su página web, en medios de comunicación y a través de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior— para que las personas interesadas se postulen.

Los candidatos tienen alrededor de diez días para presentar su expediente, que incluye formulario, hoja de vida, documentos de respaldo y una declaración juramentada.

Quienes aspiran a ser jueces del TCE deben cumplir varias condiciones.

Entre los requisitos están:

• tener nacionalidad ecuatoriana
• estar en goce de los derechos de participación
• tener título de abogado
• tener al menos 10 años de experiencia en el área jurídica

Esa experiencia puede ser como abogado, haber trabajado en la Función Judicial o como docente universitario en Derecho. Además, los postulantes deben presentar una declaración juramentada en la que aseguran que cumplen todos los requisitos y que no tienen impedimentos —esos impedimentos puede ser, por ejemplo, por tener deudas con el  Servicio de Rentas Internas (SRI) con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las prohibiciones están:

• ser candidato a un cargo de elección popular, como presidente, asambleísta, alcalde o prefecto
• ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía
• tener sentencias ejecutoriadas que inhabiliten el ejercicio de derechos políticos
• estar inhabilitado para ejercer cargos públicos
• mantener contratos con el Estado que generen conflicto de interés

Segunda: revisión de requisitos y reconsideración

La comisión de selección revisa si los postulantes cumplen con los requisitos y que no estén dentro de las prohibiciones, verificando la información presentada o pidiendo datos a otras instituciones. Si se comprueba que ocultan información o no cumplen los requisitos, pueden ser descalificados del proceso. O la comisión puede pedir información adicional.

Luego, en la página del CPCCS, se publica la lista de admitidos

Si un postulante no está de acuerdo con su exclusión, puede pedir una reconsideración dentro de tres días, es decir, solicitar a la comisión que revise nuevamente su caso y los documentos que presentó.

Tercera: escrutinio público e impugnación ciudadana

La ciudadanía puede presentar objeciones contra los candidatos.

Estas impugnaciones deben estar sustentadas. Se pueden presentar, por ejemplo, si se considera que un candidato no cumple los requisitos, tiene impedimentos legales o ha ocultado información relevante.

Si la impugnación es aceptada, se realiza una audiencia pública ante la Comisión Ciudadana de Selección, en la que participan quien presenta la objeción y el postulante, para exponer sus argumentos y pruebas, según el reglamento Reglamento Selección de Jueces del Tribunal Contencioso Electoral creado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Si se comprueba que un candidato no cumple las condiciones, queda fuera del proceso.

Cuarta: calificación de méritos

La Comisión evalúa la formación académica, la experiencia profesional y otros logros de los postulantes.

Esta fase se califica sobre 50 puntos. Se evalúan aspectos como la formación académica —por ejemplo, títulos de tercer o cuarto nivel en Derecho—, la experiencia profesional como abogado, en el sector público o en la docencia universitaria, así como cursos, capacitaciones y otros méritos como publicaciones o reconocimientos.

Quinta: oposición

En esta etapa se evalúan los conocimientos de los candidatos mediante pruebas.

Incluyen una prueba escrita de conocimientos y, en algunos casos, una evaluación práctica para resolver situaciones similares a las que enfrentarían en el cargo.

También se califica sobre 50 puntos.

Sexta: designación

Una vez finalizadas las evaluaciones, la comisión hace un informe con los candidatos mejor puntuados.

El CPCCS designa en función de quienes obtuvieron los mejores puntajes. Si hay empate, se resuelve mediante sorteo público.

Séptima: posesión

Después de la designación, la Asamblea Nacional los posesiona oficialmente. Ahí hacen un juramento público y, desde ese momento, pueden ejercer el cargo.

¿Por qué es importante este proceso?

Porque este proceso busca garantizar que quienes integren el TCE sean personas con experiencia en Derecho, con conocimientos sobre temas electorales y sin impedimentos legales.

Además, al ser público y permitir la participación ciudadana —como las impugnaciones—, intenta asegurar que los jueces sean idóneos para tomar decisiones que pueden afectar directamente los resultados de una elección. Eso garantiza la independencia de funciones.