a Defensoría del Pueblo es una institución que está encargada de promover y proteger los derechos humanos de las personas, las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que viven en Ecuador. También protege y promueve los derechos de los ecuatorianos que están en otro país, y los derechos de la naturaleza.

La representación de la Defensoría está a cargo de un Defensor del Pueblo, que se elige con un concurso público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En marzo de 2026, ya son cuatro años desde que la Defensoría del Pueblo espera de la designación de su titular. Freddy Carrión fue el último designado, pero fue destituido por la Asamblea Nacional tras un juicio político en 2021, cuando fue encausado, y luego sentenciado por abuso sexual.

Desde entonces, César Córdova asumió el cargo de manera provisional el 18 de septiembre de 2021. Lleva 4 años y 6 meses en el puesto.

El período de Defensor del Pueblo es de cinco años y podrá ser reelegido, una sola vez, siempre que no sea para el período inmediato siguiente al que ocupó el cargo, según la Ley Orgánica de la Defensoría Del Pueblo.

Requisitos y prohibiciones

Quienes aspiran a ser Defensora o Defensor del Pueblo deben cumplir con los mismos requisitos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia y acreditar experiencia en la defensa de los derechos humanos. Los requisitos son, tener:

• nacionalidad ecuatoriana
• derechos políticos y de participación
• título de abogado
• 10 años de experiencia como abogado, trabajar en la judicatura o como profesor de universidad
• experiencia en la defensa de derechos humanos

Entre las prohibiciones para los aspirantes están:

• haber sido declarado judicialmente incapaz o estar en proceso de quiebra o con deudas graves sin resolver;
• tener una condena privativa de libertad vigente;
• haber sido condenado por delitos de corrupción (como cohecho, peculado o extorsión), lo que implica una inhabilitación permanente;
• estar siendo procesado por un delito grave, hasta que exista una sentencia que ratifique su inocencia;
• haber sido destituido de un cargo público como resultado de una sanción disciplinaria;
• tener vínculos familiares con autoridades del CPCCS.

El reglamento para el concurso fue aprobado en mayo de 2017 por el CPCCS,

Los encargados de organizar el concurso

El concurso para elegir el Defensor del Pueblo está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —una institución que se encarga de designar autoridades clave del Estado y promover participación y control ciudadano.

Para que inicie el concurso, el CPCCS abre la convocatoria para conformar la Comisión Ciudadana de Selección, que debe estar integrada por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales y cinco delegados de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

El CPCCS revisa que los aspirantes de la ciudadanía cumplan requisitos:

• ser ecuatoriano
• ser mayor de edad
• tener derechos de participación
• demostrar que ha manejado dinero público de forma correcta y transparente (si le ha tocado hacerlo) y haber trabajado con responsabilidad y cumplir bien sus obligaciones
• demostrar que tiene conocimientos y experiencia en gestión pública.

El CPCCS califica méritos —formación, experiencia, capacitaciones— y se seleccionan los mejores puntuados 30 candidatos —15 hombres y 15 mujeres. Después se sortean los 5 comisionados ciudadanos y sus suplentes y, de ellos se escogen presidente y vicepresidente.

Luego, esta Comisión Ciudadana de Selección organiza todo el concurso: recibe postulaciones, define cómo se evalúa, verifica información, tramita impugnaciones y elabora informes en cada etapa.

Al final, emite un informe vinculante con los nombres de quienes aprobaron el proceso. Es decir, no solo administra el concurso: decide quién avanza y quién puede llegar a ser designado Defensor del Pueblo.

El reglamento también establece que los comisionados ciudadanos recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual de un consejero del CPCCS. Aunque el reglamento no fija un monto exacto, un consejero gana aproximadamente 4.000 dólares mensuales, lo que implica un pago cercano a 132 dólares por cada sesión a la que asistan los comisionados ciudadanos.

Las fases del concurso para elegir el Defensor del Pueblo

El reglamento del CPCCS establece seis fases sucesivas, todas públicas y sujetas a control ciudadano, según el reglamento para el concurso del Defensor del Pueblo.

Las fases del concurso son organizadas por la Comisión Ciudadana de Selección, que debe estar integrada por diez miembros.

Primera: Convocatoria y postulación.

El CPCCS realiza una convocatoria nacional e internacional. Toda la información del concurso debe ser publicada en el sitio web del CPCCS, en las carteleras de las oficinas del CPCCS y también ser difundida por radio y televisión.

Los postulantes tienen 10 días para presentar su expediente completo que incluye:

•  el formulario de postulación
• hoja de vida
• declaración juramentada de cumplir con los requisitos y no tener ninguna prohibición
• documentos de respaldo sobre la trayectoria profesional

Los documentos deben entregarse en físico en las oficinas del CPCCS  y presentar un expediente copia —es decir un duplicado del expediente original.

Segunda: Admisibilidad y reconsideración.

La Comisión tiene 5 días para revisar requisitos, prohibiciones y habilitaciones. Por ejemplo, verificará que el postulante sea ecuatoriano y tenga 10 años de experiencia en defensa de derechos humanos.

La Comisión publicará la lista de admitidos.

Después se abre un período de reconsideración de tres días. Si el postulante que no fue seleccionado decide solicitar la reconsideración debe ingresar la solicitud en físico en las oficinas del CPCCS y recibirá una respuesta en tres días.

Tres: Escrutinio público e impugnación ciudadana.

La ciudadanía tiene cinco días para presentar las objeciones a las candidaturas que pasaron la fase de admisibilidad. Lo deben hacer en las oficinas del CPCCS.

No se admiten impugnaciones entre postulantes al concurso del Defensor del Pueblo —es decir, si eres postulante no puedes impugnar a otro candidato.

En tres días la impugnación recibirá una respuesta y de ser aceptada el siguiente paso es una audiencia pública para que presente las pruebas para defender la impugnación. Tras terminar la audiencia pública en dos días recibirá la resolución —puede ser apelada y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dará una respuesta en 5 días.

Si la impugnación es aceptada la o el postulante será descalificado y no podrá seguir en el concurso para ser Defensor del Pueblo.

Cuarta: Méritos y recalificación.

La Comisión revisa la formación académica y trayectoria, que se evalúan sobre 50 puntos distribuidos así:

• 15 puntos la formación académica, por ejemplo títulos, maestrías, especialidades  y cursos relevantes.
• 10 puntos la capacitación específica, por ejemplo cursos y talleres
• 12 puntos experiencia laboral y profesional, por ejemplo certificados laborales en el sector público y privado.
• 8 puntos por liderazgo y participación, por ejemplo si realizó actividades con la comunidad a nivel nacional o en su provincia.
• 5 puntos otros méritos, por ejemplo libros publicados como autor, artículos indexados, premios y reconocimientos.

Quinta: Oposición y recalificación.

En esta fase se evalúa conocimiento teórico y capacidad práctica con dos pruebas que valen en total 50 puntos:

• La prueba escrita vale 35 puntos y contiene preguntas extraídas de un banco de 1.000 ítems sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho ambiental y justicia indigena, interculturalidad y género.
• La prueba oral vale 15 puntos y es un caso práctico —es decir, resolver un caso en una simulación.

La Comisión Ciudadana de Selección va a conformar un equipo de expertos en derechos humanos para que se encarguen de las pruebas, es decir realicen el banco de preguntas y la simulación. El reglamento no especifica un número mínimo ni máximo de expertos.

Después de terminar las dos pruebas la Comisión notificará los resultados en dos días. Si hay solicitudes de recalificación deben presentarse en tres días después de la notificación y recibirán respuesta en cinco días.

Sexta: Elección y designación.

Dos días después de recibir las solicitudes de recalificación la Comisión de Selección hará un informe con los postulantes que aprobaron las bases del concurso.

El CPCCS designa al postulante con mayor puntaje. Si hay empate, se resuelve por sorteo público.

La designación se envía de inmediato a la Asamblea Nacional para la posesión final.

¿Por qué la designación del Defensor del Pueblo es clave?

La Defensoría del Pueblo promueve y protege los derechos humanos, investigando denuncias de violaciones y brindando asesoría legal a los ciudadanos. Además, hace campañas de concienciación y supervisa el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Según, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la institución:

• Recibe denuncias de personas o grupos cuando creen que sus derechos han sido vulnerados y puede intervenir para solucionarlo. Por ejemplo, en 2018 ayudó a una persona a recuperar 191 dólares cobrados indebidamente por una operadora telefónica. Otro caso, en 2017 un militar en Tulcán denunció discriminación por su estado de salud. La Defensoría del Pueblo logró que recibiera atención médica y volvió a las Fuerzas Armadas.
• Puede emitir decisiones obligatorias para que las autoridades corrijan una vulneración de derechos. Por ejemplo, en 2021 ordenó al Ministerio de Salud garantizar el acceso a vacunas para niños según el esquema oficial.
• Se pronuncia públicamente cuando hay abusos y puede iniciar investigaciones. Por ejemplo, en 2022 se pronunció por la represión en la marcha del 8M en Quito y abrió una investigación.
• Identifica a los responsables, recomienda acciones y busca que se reparen los daños causados. Por ejemplo, en el caso de Marcia Trujillo, logró una indemnización por la vulneración de su derecho a la seguridad social.
• También apoya legalmente a personas o colectivos para presentar acciones en la justicia como acción de protección —por la vulneración de los derechos constitucionales— habeas corpus— para recuperar la libertad por detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas— y reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.