Como parte de la sentencia en firme por el delito de cohecho ocurrido al interior de la estatal Petroecuador, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicita al Tribunal de Ejecución del caso en Pichincha que de inicio a la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados, entre quienes están el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el ex gerente de Petroecuador, Álex Bravo.

La PGE habría obtenido de Inmobiliar, instancia pública encargada de administrar bienes relacionados a procesos judiciales, una lista de la cual se desprendería que existen al menos 20 bienes entre viviendas, oficinas, y automóviles de propiedad de Pareja Yannuzzelli, Bravo, Paquita de Mora, Arturo Escobar, Glenda Meza, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Baquerizo, Arturo Pinzón, Jaime Baquerizo, Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés.

Una acción similar realizó la Procuraduría en el caso Sobornos 2016-2016 que está en fase de ejecución contra 20 procesados, entre ellos los ex mandatarios Rafael Correa y Jorge Glas. Junto al pedido de Ejecución en ese proceso penal que presentó en noviembre pasado el procurador general Iñigo Salvador, la PGE entregó al Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) un listado de propiedades y vehículos a nombre de los sentenciados.

La PGE espera recuperar $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12.6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria, de los sentenciados por un cohecho parte de la trama de corrupción en Petroecuador. Miguel Revelo, abogado del exministro en otros cuatro procesos por supuestos actos de corrupción que no tienen sentencia en firme, aseguró que su cliente no podrá pagar los millones de dólares que se le quiere definir como reparación de delitos que, insiste, no cometió ni se enriqueció ilícitamente.

Según Revelo, Pareja Yannuzzelli solo tiene a su nombre un departamento, un vehículo, y en una cuenta en Panamá con $ 240.000 que aunque está a nombre de una empresa de su propiedad, Capaya, el dinero es de Alex Bravo y la empresa Azul.

Ante realidades como esta, la Procuraduría solicitó al Tribunal de Ejecución del caso por cohecho que oficie a la presidencia de la CNJ, para que ésta ejerza como autoridad central de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en el país, y así a través de la figura de asistencia judicial recíproca envíe al fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, José Antonio Candanedo, copias certificadas de las sentencias condenatorias dictadas en este caso.

El objetivo sería recuperar un aproximado de $ 4 millones que estarán congelados en cuentas en Panamá.