Entre las esquinas Glorieta a Pilita de Quinta Crespo, en la parroquia Santa Teresa de Caracas, ya no se ve el mismo despliegue de motos ni las tres guardias que montaban los miembros del colectivo Escudo de la Revolución en el portón del estacionamiento identificado con el nombre del grupo armado.

Aunque la mayoría de los comerciantes consultados admite que los miembros del colectivo Escudo de la Revolución ofrecían sus servicios de seguridad en los establecimientos, ninguna persona reconoció que haya pagado cuotas para tener custodia, pese a que fuentes policiales informaron de manera extraoficial que estos grupos extorsionaban a comerciantes.

«Lo mejor que pudo haber hecho el Cicpc fue sacarlos de aquí porque todos estaban en malos pasos. En las noches, si pasaba un transeúnte, lo paraban como si fueran policías y lo robaban», dijo un comerciante.

La percepción que tienen los comerciantes de ese colectivo es variada. Algunos reconocen que los hombres sí cobraban a algunos comerciantes y robaban, pero también destacan que gracias a ellos disminuyeron los robos en la zona.

«Un día venía un señor mayor que había cobrado su pensión y un motorizado lo iba a robar. Cuando el colectivo se dio cuenta, varios salieron corriendo, agarraron al motorizado, lo metieron en el edificio y le dieron una pela. Ellos tenían el control de toda la cuadra. Hay que reconocerlo», dijo otro comerciante.

El colectivo Escudo de la Revolución se instaló en el edificio Manfredir el 2 de diciembre de 2013. Desde esa fecha, a la par de reunirse con los damnificados e invasores de la torre de oficinas para cobrarles 400 bolívares mensuales por el servicio de dos vigilantes por turno, limpieza del edificio y organización de fiestas, también visitaron a comerciantes.

A una semana del operativo del Cicpc para allanar el edificio Manfredir los comerciantes aún sienten temor de hablar del colectivo Escudo de la Revolución, que se habría desplazado del sector luego de que su principal líder, Carmelo González, fue ultimado en el procedimiento con los funcionarios de la policía judicial, junto con otros cuatro integrantes del grupo y del Frente 5 de Marzo.

“Cuando llegaron pusieron orden por un tiempo, pero después era peor el remedio que la enfermedad. Cuando ellos nos ofrecieron resguardarnos el negocio y nos explicaron cómo trabajaban, respetuosamente les dijimos que ya teníamos seguridad privada. Nunca se metieron con nosotros, pero sentíamos la tensión de tenerlos en la misma cuadra”, manifestó el encargado de uno de los negocios de la zona.

Aunque no existe un registro ni datos de la cantidad de miembros del colectivo, que de acuerdo con información oficial está integrado por delincuentes, los vecinos y comerciantes de Quinta Crespo calculan que lo integran más de 50 personas.

“Era mucho movimiento de gente. Hombres entraban y salían constantemente del estacionamiento en motos para turnarse las guardias y vigilar la venta de artículos, como por ejemplo harina pan, que ofrecían en la entrada del edificio”, relató uno de los comerciantes consultados.

Cuatro expedientes con siete homicidios

Miembros del Frente 5 de Marzo eran investigados por cuatro casos de homicidio reportados este año en varias partes del Distrito Capital, que dejaron siete víctimas. La organización liderada por el sargento jubilado de la PM José Miguel Odreman, de 43 años de edad, fue vinculada por el Cicpc con un triple homicidio reportado el 9 de enero en un callejón de Cotiza. Las víctimas fueron el oficial de la PNB Francisco Viloria, de 24 años de edad; Yohanny Rojas Figueira y Luar Pérez Fuentes, de 22 años y 35 años de edad, respectivamente.

El 10 de enero, el diario Últimas Noticias informó que el colectivo estaba implicado en esas muertes. La agrupación opera desde hace cuatro años en la sede en la Comandancia General de la extinta PM. Una de sus finalidades era contribuir con el control del delito en esa zona.

Otros crímenes atribuidos a este colectivo fueron los de Johandry Calvo Torres y Jesús Alberto Fajardo, de 21 años y 37 años de edad, respectivamente, cuyos cadáveres aparecieron el 19 de abril de este año en las orillas del río Guaire, detrás de la Maternidad Concepción Palacios, embalados en bolsas para basura. Ambos fueron golpeados y los mataron con disparos en la cabeza.

Otros homicidios relacionados con el grupo son el de Juan José Ayala Pérez, de 23 años de edad, cuyo cadáver fue localizado torturado el 5 de agosto pasado en San Agustín del Sur y el de Germán Celestino Paraqueima, cuyo cuerpo fue encontrado el 5 de mayo, en la Cota Mil, a la entrada de San Bernardino.