Cerca de 5.700 hojas de investigación fueron entregadas a Contraloría

Los contratos que la Embajada de Ecuador en España habría suscrito con varias empresas para la ayuda jurídica y psicológica de los ecuatorianos en ese país, desde el año 2012 a junio del 2021, superarían los 7.5 millones de euros, es decir, más de $10 millones de dólares.

Con Kinema, se habría firmado acuerdos por un monto de 2.6 millones de euros, según el asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).

Según Torres, en el 2016, este contrato cambia y se lo firma con una empresa llamada “Mi país consultores”, desde el 2016 hasta el 2018, recibiendo 2.9 millones de euros en contratos.

“Desde el 2019 hasta la fecha, 2021, la misma persona, que asoma en la primera empresa, recibe 1.4 millones de euros por supuestamente los mismos servicios”, detalló.

Walter Jaramillo Mena es el único representante y accionista de la empresa “Mi país consultores”, y, posteriormente, de la empresa Intecon Iberoamérica.

“Solo este ciudadano recibe más de 4 millones de euros en contratos”, agregó y dijo que Jaramillo Mena es un migrante ecuatoriano, que llegó en el 2000 a España.

“No es abogado, nunca tuvo experiencia jurídica en el tema, al que le fueron canceladas licencias porque tenía una pequeña agencia de viajes en la comunidad de Madrid y que, en este momento, ha recibido 4 millones de euros”, sostuvo.

En la documentación recibida, además, están los informes sobre la efectividad de la ayuda a migrantes, que suma el 2 por ciento, es decir, 98 de cada 100 casos se perdían.

¿Por qué si una empresa no estaba sirviendo con el fin que se había esperado para la terrible situación de los migrantes ecuatorianos y las hipotecas, se mantuvo este contrato? ¿por qué se lo siguió firmando? ¿por qué se sigue entregando dinero público, ecuatoriano, a estas empresas que no hicieron un buen trabajo?”

Sobre las empresas que brindaron ayuda psicológica a los migrantes ecuatorianos, Torres sostuvo que las empresas Kinema y la Fundación Psicología Sin Fronteras y la Asociación Solidaridad Internacional para el Desarrollo obtuvieron, en total, 500.000 euros.

Las cerca de 5.700 hojas de los acuerdos irán a manos de la Contraloría General del Estado para que inicie los procesos de control y auditoría y que, en el caso, de que se encuentren irregularidades se derive a la Fiscalía.