Celi ordenaba emitir informes con responsabilidad civil, administrativa y penal, revelan funcionarios del organismo de control

LOS PERIODISTAS

La persecución a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa fue maquinada entre el presidente Lenin Moreno y el autonombrado contralor subrogante, Pablo Celi.

El 25 de mayo de 2017, un día después de que Moreno asumió el poder, Celi desconoció la remoción de su cargo de subcontralor, dispuesto por el contralor titular de ese entonces Carlos Polit.

Con absoluta confianza, rompió la acción de personal número 913 con la que era notificado, seguramente porque conocía, de ante mano, que iba a ser reconocido por el Ejecutivo y la Asamblea, con mayoría morenista.

El 20 de junio Polit, quien se encontraba en Miami, envió a la Asamblea su renuncia y un día después, sin que la dimisión del contralor titular haya sido aceptada, Celi expidió el acuerdo 020-CG-2017, con el que se autoproclamó como contralor general subrogante, bajo el argumento de que había ausencia definitiva del titular.

Una vez ratificada la supuesta legalidad de Celi en el cargo, empezó la ejecución del plan de persecución a exautoridades y funcionarios del gobierno pasado.

Para acelerar las acciones, la Contraloría contrató a cerca de 400 nuevos auditores y abogados, con lo cual la nómina de personal de ese organismo de control se incrementó de 2.422 a 2.808.

Este aumento significó un egreso adicional anual de USD 20 millones de dólares, sin que exista ninguna observación por parte del ministerio de Finanzas, que aprobó diligentemente la asignación de esos recursos adicionales.

En el año 2017 la Contraloría destinó para el pago de sueldos USD 40’934.618; en 2018 USD, 60’258.084; y en 2019, USD 62’942.936, de acuerdo con información oficial de la institución.

Celi ordenó realizar exámenes especiales a todas las instituciones públicas, especialmente a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, ministerios y superintendencias. No solo se auditó la gestión de las más altas exautoridades, sino también del personal de nivel jerárquico superior como viceministros, subsecretarios, directores y coordinadores.

Un funcionario de la Contraloría revela, de manera anónima, que se cometieron varias irregularidades en los procesos de auditoría para cumplir las órdenes de Pablo Celi.

“A los altos funcionarios del correísmo la disposición era regularmente confirmar las glosas a como de lugar”, señala.

Una exauditora, quien también pide mantener en reserva su identidad, confirma que fueron presionados por autoridades cercanas a Celi para emitir informes con responsabilidad administrativa, civil y penal.

Explica que el personal nuevo, por temor a perder su trabajo, obedecía las disposiciones, mientras que varios de los funcionarios que se negaban, eran removidos mediante la terminación de sus contratos.

Asegura que fueron perjudicados muchos exfuncionarios de instituciones públicas, a pesar de que “tenían todo en orden, solo por haber trabajado para el anterior gobierno”.

Entre las irregularidades que se habrían cometido en los procesos de auditoría, se realizaron exámenes que no estaban incluidos en el plan anual de auditorías, como dispone la ley.

Asimismo, se habría ocultado documentos de procesos de contratación y se habría negado pedidos de información solicitados a la Contraloría por parte de los auditados, con lo que se afectó al debido proceso.

Además, muchas auditorías fueron practicadas por funcionarios que no contaban con conocimiento especializado en temas específicos, como telecomunicaciones, tecnología y comunicación.

Un exfuncionario de una institución púbica, quien hace pocos días fue notificado con dos glosas, cuenta que en ninguna de las etapas del proceso se tomaron en cuenta sus argumentos. Asegura que presentó toda la documentación y justificativos requeridos, pero no sirvió de nada ante los auditores.

Los informes con responsabilidad penal pasaron a manos de la Fiscalía y dieron lugar a decenas de procesos legales que terminaron con órdenes de detención en contra de los procesados.

En uno de esos casos, cinco exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación, estuvieron detenidos injustamente desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019, acusados de presunto peculado.

Recuperaron su libertad, después de que la jueza Silvia Sánchez dictó auto de sobreseimiento, porque la Fiscalía no encontró pruebas para acusar.

La Contraloría determinó glosas por USD 900 millones en el año 2018, y por USD 757 millones en el 2019, en contra de excolaboradores del gobierno de Correa.

Y mientras Pablo Celi se empeñaba en acelerar esas auditorías, al mismo tiempo desvanecía glosas a favor de grandes empresas, como Claro por USD 112 millones, Hidalgo e Hidalgo por USD 25,5 millones y Odebrecht por USD 4,5 millones.