Carlos Zorrilla asegura que las instituciones encargadas de controlar que no destruyan el medio ambiente defienden a las empresas mineras.

Punto Noticias. Al momento, la actividad minera esta frenada en el frente que corresponde al proyecto minero de cobre Llurimagua, ubicado en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, que la empresa chilena Codelco abandonó en noviembre de 2018 y no ha podido reiniciar, contó Carlos Zorrilla, director de DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag).

Una de las razones son las medidas cautelares dictadas por la jueza Carmen Inés Jaramillo Cevallos, a favor de los derechos de la naturaleza, debido a que en el territorio existen dos especies de ranas, que solo se han reportado en el área minera Llurimagua y en ningún otro lugar del planeta.

Hay otros frentes mineros en la zona, que ha sido concesionada casi en su totalidad, sin la menor consulta ambiental a los habitantes de la comunidad, señaló Zorrilla, quien reclamó que incluso su casa está concesionada a una de las empresas grandes que allí se encuentra.

Comentó que no hay ningún proyecto grande activo, al parecer, en espera de que el gobierno les dé luz verde para que desarrollen sus actividades.

El activista ecológico recordó que las comunidades del Bosque Protector Los Cedros, en el sector Llurimagua, ganaron una acción de protección a la Empresa Nacional Minera (ENAMI), por violar el derecho a la consulta previa, establecida en el artículo 398 de la Constitución, y los derechos de la naturaleza que prohíben la minería en bosques protectores.

Respecto al proyecto minero de cobre, advirtió que amenaza con extinguir no solo a las especies únicas de ranas, sino también a otras de animales, como los monos. Hay más de 35 especies identificadas por el propio estudio de impacto ambiental, apuntó.

Zorrilla destacó que la contraloría General del Estado detecto un sinnúmero de irregularidades, en un informe que publicó en marzo de 2019, en las que tienen responsabilidades el Ministerio del Ambiente, ENAMI, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), y otras.

Deploró que las instancias gubernamentales y estatales encargadas de regular la actividad minera legal no actúan a tiempo y dejan que los problemas se compliquen, como en los casos de Buenos Aires y San Lorenzo.