El campo Sacha, conocido como la «joya de la corona» del sector petrolero ecuatoriano, ha sido objeto de atención tras su reciente adjudicación a un consorcio chino-canadiense. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Esta decisión ha generado diversas opiniones y debates en el país.

Contexto de la adjudicación campo Sacha

El gobierno de Ecuador, buscando optimizar la producción petrolera y atraer inversiones extranjeras, adjudicó la operación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol.

Este consorcio está conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A., con vínculos en China y Canadá.

Según informes oficiales, se espera que esta adjudicación genere ingresos significativos para el país.

La adjudicación no ha estado exenta de críticas. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), calificó la decisión como «ilegítima» y anunció acciones para revertirla, argumentando que se trata de un intento de «saqueo a la Patria».

Por otro lado, la Comisión Nacional Anticorrupción expresó preocupación por la falta de transparencia en el proceso, señalando que se llevó a cabo «en medio de toda opacidad».

Implicaciones económicas y laborales del campo Sacha

El consorcio adjudicatario propuso un pago anticipado de USD 1.500 millones, con el objetivo de incrementar la producción del campo Sacha.

Sin embargo, se estima que el consorcio se llevaría el 87,5% de la producción total del campo, lo que ha generado debates sobre los beneficios reales para el país.

Además, la situación laboral de aproximadamente 600 trabajadores de Petroecuador que operan en Sacha es incierta.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas Públicas (Antep) ha manifestado su preocupación por posibles pérdidas de empleos y ha solicitado a la Contraloría General del Estado revisar los contratos relacionados con la concesión.

Debate legal y político del campo Sacha

La legalidad de la adjudicación ha sido cuestionada por trabajadores y expertos, quienes argumentan que la decisión podría no respetar fallos de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el gobierno defiende la legalidad del proceso, respaldado por un informe del Procurador General del Estado que avala la adjudicación directa, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

La adjudicación del campo Sacha representa un momento crucial para el futuro económico de Ecuador.