Buenos Aires, 17 dic (Prensa Latina) El Senado argentino dio hoy dictamen a una de las discusiones legislativas más esperadas del año, marcada por una visible grieta, el tema de la interrupción legal del embarazo.

Tras escuchar durante varios días a especialistas y diversos actores de la sociedad civil, finalmente las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud cerraron el debate del proyecto y pasó a la firma el dictamen, aunque los nombres de quienes suscriban a favor o en contra se conocerán en las próximas horas.

Con fecha probable para debatir el tema el 29 de diciembre, en los alrededores del Congreso Prensa Latina observó este jueves a un gran número de mujeres que acampan en el lugar de manera pacífica a la espera de un reclamo que vienen pidiendo desde hace más de 15 años y que podría ser ley casi al finalizar 2020.

Hoy se escucharon varias opiniones, al igual que en los últimos días y en las comisiones algunos senadores a última hora incluso propusieron modificaciones al texto, una de ellas la de la abogada Ana Correa, quien afirmó que la clandestinidad mata y citó varios casos de mujeres muertas por abortos furtivos.

El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, señaló que el proyecto es ‘muy rígido y álgido’, por eso ‘es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos’. Cientos de pañuelos verdes se ven a estas horas frente a la Plaza de los dos Congresos, como sucedió hace unas semanas atrás cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley, enviada por el gobierno del presidente Alberto Fernández y que acompaña otra propuesta, el Plan de los mil días, abocado a un tratamiento integral para gestantes y sus hijos hasta los tres años de vida.

Mientras algunos legisladores incluso plantearon la posibilidad de analizar en un futuro el llamado a una consulta popular del proyecto, en las manos de los 72 senadores está el poder de decidir esta vez si será o no ley y, de registrarse un empate, el último voto queda en manos de la presidenta de la Cámara Alta y actual vicepresidenta Cristina Fernández.

Aunque la grieta en esta nación aún es palpable, las miradas apuntan a un Senado muy diferente al de 2018, que vetó por vez primera el anterior proyecto.

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