El expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz podría declarar en el proceso de extradición que se sigue en Panamá contra el exasambleísta Galo Lara (Sociedad Patriótica, SP).

Así lo confirmó José Nelson Brandao, del equipo de abogados de Lara en ese país, al tiempo de anunciar que se solicitó a la Cancillería que admita la “práctica de pruebas”, que fueron desechadas por la justicia.

Señaló que si esto es aceptado, se pedirá la declaración de Bucaram, quien reside en Panamá desde 1997 en calidad de asilado político.

El pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de esa nación negó las objeciones que la defensa de Lara había presentado contra la resolución de la Cancillería, que calificaba de procedente la extradición del exasambleísta.

Lara es requerido por la justicia ecuatoriana por su complicidad en un crimen, según la sentencia que pesa sobre él.

En su fallo, la Corte recordó que la decisión de conceder o no la extradición compete al Órgano Ejecutivo. En Panamá, tal función incluye a la Presidencia y a la Cancillería.

Brandao dijo estar optimista de que el Ejecutivo panameño admitirá las pruebas pues esto, según el jurista, le brindará “más elementos” para poder resolver el asunto.

Informó que la solicitud remitida a la Cancillería busca que se permitan las declaraciones de los expresidentes de Ecuador, Bucaram y Lucio Gutiérrez; del exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli; del excanciller de ese país, Francisco Álvarez de Soto; entre otros.

Brandao informó que Bucaram ya extendió un oficio a la Cancillería para consultar si podría dar su declaración.

Una fuente cercana al líder del PRE, confirmó que Bucaram está dispuesto a ser testigo, si es convocado.

Gutiérrez, fundador de SP, aseguró que también brindará su declaración, si es requerida.

Refirió que por ese propósito viajó a Panamá, cuando el proceso se ventilaba en la Corte. Dijo que su “aporte” será demostrar que el pedido de extradición tiene tintes políticos.

Proceso

PENAL

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La defensa de Galo Lara impulsa una querella penal contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el excanciller Francisco Álvarez de Soto, por haberle retirado a Lara el asilo territorial, en el 2013.