Brasilia, 2 octubre (Prensa Latina). La justicia brasileña consideró hoy legales las conferencias impartidas y pagadas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) cuando dejó el poder, a través del Instituto Lula.

Desde el 2015, el caso estaba siendo investigado por la operación judicial Lava Jato de la Fiscalía de la ciudad de Curitiba, en el sureño estado de Paraná.

En consonancia con el informe final presentado por la Policía Federal (PF), el Ministerio Público verificó la ausencia de pruebas suficientes para apoyar la oferta de acusación, afirmó la jueza Gabriela Hardt, de la Justicia Federal de Curitiba.

Para el abogado Cristiano Zanin Martins, al frente de la defensa de Lula, hubo un “reconocimiento tardío” de la legalidad de las conferencias (objeto de cinco años de investigaciones).

Manifestó que la decisión de Hardt servirá para reforzar la idea de que la Lava Jato abusó en sus acusaciones contra el fundador del Partido de los Trabajadores.

En el informe final, la PF declaró que, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios prestados en forma de conferencias, “no verificamos la comisión de un delito, excepto en el caso de investigaciones específicas que puedan probar la ocurrencia”.

También Hardt apoyó parcialmente la acción de embargo de terceros y determinó el desbloqueo del 50 % del valor de los planes de pensiones del exmandatario.

Además de permitir la venta de dos vehículos previamente secuestrados, previo depósito del 50 % del valor de cada uno de ellos en el tribunal.

La PF investigó 23 conferencias impartidas por el exdirigente obrero contratadas por las constructoras Odebrecht, Camargo Corrêa, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez y OAS.

El expresidente estuvo encarcelado 580 días por supuestos actos de corrupción. Salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el Supremo Tribunal Federal que los presos sin sanción en primera instancia y que no representan peligro para la sociedad pueden esperar en libertad.

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