Autoridades minimizaron el problema y se burlaron del virus

LOS PERIODISTAS

Cuando el coronavirus apareció en China, las autoridades ecuatorianas no tenían la menor idea de las consecuencias que semanas más tarde viviría el Ecuador y el mundo entero.

Con total ligereza, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunciaba el 06 de febrero un viaje a China, previsto para marzo. En una entrevista aseguró, sonriente, “no pasa nada si me da coronavirus”.

El 29 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Se trató de una mujer de 71 años, que llegó a Guayaquil desde España, y quien falleció el 13 de marzo.

Dos días después de confirmarse el primer caso, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, publicaba en su cuenta de twitter: “el virus más peligroso es el miedo, pero no nos vencerá, el país debe continuar…junto a Barcelona Sporting Club y siguiendo las recomendaciones del ministerio de Salud Pública, el partido con Independiente del Valle se jugará con público, este 04 de marzo”.

La máxima autoridad, de la provincia más grande del Ecuador, autorizó un partido de Copa Libertadores con público, en el Estadio Monumental, a pesar de que el Gobierno central había suspendido los eventos públicos en Guayas y Los Ríos.

La paciente cero, quien era oriunda de Babahoyo, llegó con síntomas como fiebre y escalofrío. A los tres días, el 17 de febrero, empeoró su salud y fue llevada en dos ocasiones a un hospital del IESS y donde un cardiólogo particular.

El sábado 22 de febrero fue trasladada a la clínica particular Alcívar, en Guayaquil. Después de tanta insistencia de sus familiares, el 26 de febrero intervino el ministerio de Salud. Le realizó la prueba y dio positivo, lo que fue anunciado por las autoridades el 29 de febrero.

Falleció el 13 de marzo, después de permanecer internada más de dos semanas en el hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil.

Un día después, una hermana de la víctima, también falleció, minutos después de haber ingresado al mismo centro hospitalario. Fue trasladada de Babahoyo a Guayaquil en una ambulancia del IESS.

Según Pedro Orellana, familiar de ambas víctimas, no recibieron atención oportuna del Gobierno, por lo que debieron organizarse para auto aislarse por sus propios medios.

El gobernador de los Ríos, Camilo Salinas, reconoció que se monitoreaba a los familiares mediante un chat de WhatsApp, en lugar de hacerlo de manera directa, con personal especializado de salud.

Pero no solo hubo ligereza en las acciones iniciales emprendidas por el Gobierno para enfrentar al coronavirus. La negligencia se arrastró desde el año 2018 cuando el sistema de salud pública fue descuidado.

En febrero de 2019 se despidieron a más de 3.000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, auxiliares y personal administrativo, con el propósito ahorrar al fisco USD 84 millones.

La falta de presupuesto provocó el deterioro de equipos en la red hospitalaria, tanto del ministerio de Salud, como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En medio de esta emergencia, los profesionales y trabajadores de la salud empiezan a denunciar públicamente la falta de insumos adecuados para evitar contagiarse y cumplir su labor con seguridad.

Una de las acciones del Gobierno para enfrentar la enfermedad fue la implementación del call center 171, para que los ciudadanos pueden comunicarse para recibir orientación en caso de presentar síntomas.

Sin embargo, mediante este sistema se obtienen citas, en medicina general, en un centro de salud, para luego de un mes. Las quejas de los ciudadanos por este servicio, son numerosas.

Francisco Robayo, quien llegó de Brasil y presentaba dos de los síntomas, se comunicó con el 171. Después de conversar con varias personas, incluido un supervisor, le dieron una cita en el hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, en la sala Coronavirus 2.

Para su sorpresa, cuando llegó le informaron que no existe ninguna sección dispuesta con ese nombre en esa unidad hospitalaria.

El 14 de marzo, el vicepresidente Otto Sonennholzner, anunció la habilitación de 31 laboratorios privados para pruebas de coronavirus, 7 en Azuay, 9 en Pichincha, 5 en Guayas, 2 en Loja, 3 en Tungurahua, 3 en Manabí, 1 en Cañar y 1 en El Oro.

Sin embargo, algunos laboratorios de la lista ni siquiera se habían enterado de esa disposición, mientras otros respondieron que recién estaban en conversaciones con las autoridades de salud.

La ministra de Gobierno María Paula Romo, desmintió al Vicepresidente, al aclarar que aún no se estaban realizando las pruebas.

El Gobierno se tardó en adoptar medidas más radicales para detener la propagación del virus. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se adelantó en declarar la emergencia sanitaria y la suspensión de clases en la capital, el 12 de marzo.

Más tarde reaccionó el Ejecutivo, pero no aplicó con firmeza los controles adecuados. Por ejemplo, el 15 de marzo se desplazaron desde Babahoyo 44 buses llenos de turistas a las playas de Montañita, en Santa Elena. Tras denuncias ciudadanas en las redes sociales, las autoridades actuaron y desalojaron a los visitantes.

A pesar de que en Guayas se concentró la mayor cantidad de casos, recién el 18 de marzo se dispuso la ampliación del toque de queda en esa provincia, desde las 16h00.

El país enfrenta una emergencia sanitaria sin precedentes, que deja varias lecciones al Gobierno y a la sociedad.

Redacción: Adrián Acosta