Aunque el Consorcio Pedernales-Manabí no tenía la experiencia específica requerida en los pliegos de contratación para realizar la construcción del hospital de Pedernales de 30 camas y tampoco su oferta económica era la más conveniente para la provincia de Manabí y el país, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) le adjudicó el proyecto en diciembre de 2019.

Ese fue una de las tantas revelaciones que hizo, el martes último, el ingeniero de 41 años José Véliz en su testimonio anticipado dentro del proceso penal por delincuencia organizada que se les sigue a él, a los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, y a otras 16 personas desde junio pasado.

Véliz contó ante el juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, que cuando decidió participar con el Consorcio Pedernales-Manabí en el concurso para la obra, era incrédulo de que se cumplan las ofertas que le habían hecho para que él fuera el adjudicatario, pero se sorprendió cuando al ingresar al portal de Compras Públicas su oferta había ganado.

La sorpresa era porque había en el concurso empresas como China-Can o CDR con mayor experiencia o había ofertas más bajas a los $ 16’450.302,93, que era el monto referencial de la obra. «Ahí recién pude darme cuenta de que el acuerdo al que llegué en su momento era veraz, eficaz y que el o los contactos que el man tenía eran verdaderos, porque se dio esto ante todo pronóstico».

El acuerdo al que se refiere Véliz era al que llegó en una reunión, el 2 de diciembre de 2019, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí con Franklin Calderón, otro de los procesados.

Según él, Calderón le explicó que para que participe y gane, Véliz debía cumplir ciertas condiciones, entre ellas económicas. Como representante del Consorcio debía dar el 12 % del monto total del contrato de la obra. Véliz dijo que era demasiado alto el porcentaje, pero Calderón le calmó al aclararle que la propuesta que debía presentar solo debía bajar $ 20.000 o $ 25.000 del precio referencial.

Así sucedió, de los $ 16’450.302,93 que era el monto referencial de la obra, el Consorcio de Véliz ganó al ofertar $ 16’429.512,52.

Además le explicaron a Véliz cómo iba a ser distribuido ese 12 %: los asambleístas Mendoza y Azuero recibirían el 10 % y el otro 2% para personal del Secob, es decir, «ministro (director), viceministro (subdirector técnico) y la Comisión Técnica de Calificación de la Oferta». En ese caso también son procesados René Tamayo y Jorge Jalil, director y subdirector del Secob, respectivamente.

Para garantizar que el Consorcio cumpla con su parte, Calderón requirió que se le entregaran cuatro cheques por el monto que debería cubrir el 12 % de coima. Es así que Véliz entregó de su cuenta personal dos cheques por $ 820.000 y otros dos por $ 160.000. A decir de Véliz, los dos cheques por $ 820.000 cada uno correspondían al 10 % que supuestamente iba a ser entregado a Azuero y Mendoza.

Véliz con el anticipo del contrato en el hospital de Pedernales fue recuperando esos cheques de garantía y entregó otros del Consorcio Pedernales-Manabí de una cuenta en BanEcuador. Él asegura que hasta el momento de su detención, en mayo pasado, entregó a Calderón en cheques $ 1’660.000, de los cuales solo cobraron él o sus enviados $ 1’340.000.

Habrían quedado valores sin cobrar, entre los que estaban dos cheques de $ 40.000 cada uno que fueron recuperados en el momento de la detención de Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza, y otros seis cheques de $ 40.000 cada uno que inicialmente no se encontraron, pero que ya fueron entregados a Fiscalía por el mismo Benavides. Eso sumaría $ 320.000 también entregados en cheques.

Aclarando que desconocía que si era verdad o mentira, el ingeniero Véliz recordó que personas le dijeron que Calderón con el dinero de toda esta trama compró «ciertos bienes a terceras personas».

También dentro de su testimonio explicó que en una reunión en la casa de Franklin Calderón y en la que estuvo Jorge Jalil, en abril pasado, escuchó que se estaba recogiendo dinero, justamente en este proceso, para desestabilizar a la ministra María Paula Romo.

«Verdad o mentira, lo desconozco, son versiones que escuché, porque había conflictos parece entre asambleístas y la ministra, no solamente de ahora, sino anteriormente. (…) Querían seguirle otro juicio político. (…) Querían hacer una especie de desestabilización a la ministra María Paula Romo entre asambleístas, la bancada del BADI, no sé qué problema tendrían», contó Véliz. (I)