La Comisión de Tránsito del Ecuador firmó la delegación por 12 años con dos consorcios para la operación de radares de velocidad en la red estatal. Dichos radares han emitido más de USD 2,12 millones en citaciones, entre enero y febrero de 2024.

El Gobierno puso sus ojos en dos contratos de delegación de servicios para fotoradares, entregados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El pasado 4 de junio, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, denunció irregularidades en la entrega de dichos contratos, lo que derivó en la suspensión de las operaciones de 39 radares.

Neira dijo que los consorcios Seviecu y Ecutransit «emitían multas exhorbitantes, estafando a la ciudadanía». Y advirtió que los contratos fueron adjudicados en un «tiempo récord» de 42 días.

En el expediente de los contratos de delegación, un proceso que no se rige bajo el sistema de contratación pública. Allí, consta que la CTE optó por buscar una delegación del servicio por la falta de recursos y para seguir cumpliendo con sus objetivos institucionales.

La idea de ir por el camino de la delegación surgió de un informe de necesidad, que señala que había una «imposibilidad» de que la CTE administre directamente el servicio de radares porque, entre otras razones, no tienen un sistema propio para la captura y notificación de las infracciones, no tienen oficinas a escala nacional y no tienen personal para dar mantenimiento a los radares.

Casi un año después de la firma del contrato de delegación, de acuerdo con información, los 39 radares de Seviecu y Ecutransit han emitido citaciones por USD 2,12 millones entre enero y febrero de 2024.

La delegación de los radares

Según aseguró Neira, el secretario de Integridad Pública, en una entrevista la semana pasada, «todos los procesos de contratación pública fueron violados» en este proceso, sin embargo no especificó en qué etapa fue la violación más allá de cuestionar que el concurso haya demorado 42 días.

El informe de necesidad de la CTE tiene fecha 21 de abril de 2023. Y para el 4 de mayo de 2023, Ernesto Pólit Ycaza, entonces director de la institución, firmó la convocatoria al concurso público para delegar a gestores privados la reposición, reemplazo y reubicación de los radares de velocidad.

La delegación era para 12 años y estaba prevista en dos grupos de provincias:

• El esquema A incluye a Los Ríos, Manabí, Cañar, Cotopaxi, Imbabura y una parte de Guayas.
• El esquema B, con Santa Elena, El Oro, Azuay, Tungurahua, Chimborazo y otra parte de Guayas.

20 días después, el 24 de mayo de 2023, se abrieron las dos únicas ofertas que habían llegado: de los consorcios Seviecu y Ecutransit.

Ambas ofertas coincidían en su propuesta económica. Planteaban una distribución del valor de las multas emitidas por los radares de 45% para los consorcios en los primeros tres años, y 35% a partir del cuarto año. Es decir que la CTE recibiría el 55% los primeros tres años, y el 65% en los nueve años siguientes del contrato.

Según el acta de negociación, de fecha 12 de junio de 2023, la propuesta económica no fue objeto de negociación. Lo que sí pidió la CTE es que los radares sean mejores que los que tenían en funcionamiento, que se les dé mantenimiento y que los consorcios debían ayudar en la CTE en sus campañas de comunicación.

Tres días después, Pólit Ycaza firmó la resolución de adjudicación, con el distributivo A para Ecutransit, y el distributivo B para Seviecu. Los contratos se firmaron casi un mes después, el 19 de julio de 2023.
Un año de contrato

Los contratos entre la CTE y los consorcios preveían la instalación de 116 puntos de control (cámaras y paneles) en cada «esquema» o grupo de provincias. Aunque en el acta de negociación se habla de 480 puntos a escala nacional (240 por cada esquema).

Tras casi un año de firmado el contrato, los consorcios Seviecu y Ecutransit han instalado 39 radares a lo largo del país, un número bajo considerando los totales previstos en los documentos de la contratación. Los radares instalados hasta ahora son:

• 36 radares eran de Ecutransit, instalados en Cañar y Los Ríos.
• 3 radares eran de Seviecu, instalados en El Oro.

Según señaló Seviecu, el cronograma establecido por la CTE contemplaba un año para instalar la totalidad los 116 dispositivos en seis provincias. Pero no han logrado cumplir este cronograma -dice Seviecu- porque correspondía a la CTE gestionar y obtener autorizaciones para instalar los radares con el Ministerio de Transporte, y las instalaciones se han efectuado conforme a dichos trámites.

Según el contrato, la CTE se debía encargar de garantizar a los consorcios el derecho de vía y el derecho de servidumbre de paso y acceso.

Seviecu aseguró que su inversión en este contrato ha sido de más de USD 1 millón, pero hasta ahora no han recibido ni un sólo pago de la CTE del 45% de las citaciones que les corresponde. En el contrato se establecía un pago mensual de este porcentaje, mediante facturas emitidas por los consorcios.

Esos 39 radares fueron los que la CTE suspendió tras la denuncia de Neira. Aunque según Seviecu, esta era una opción que no estaba prevista en el contrato, ni está establecida en la ley. Por ello, aseguraron que activaron acciones para solución de controversias conforme lo previsto en el contrato.