Así lo anunció el juez Alí Lozada, quien sustancia las acciones presentadas en la Corte Constitucional.

Punto Noticias. Cuarenta días término tendría, al menos, la Corte Constitucional (CC) para emitir su fallo sobre las 20 demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Apoyo Humanitario, como establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

Este viernes 30 de octubre, se desarrolló, vía telemática, la segunda jornada de audiencia pública convocada por el juez sustanciadorAlí Lozada, en la que se presentaron unos 60 ciudadanos que, por sus propios derechos o en representación de organizaciones sociales, gremios empresariales, industriales y del Estado se pronunciaron a favor y en contra de la Ley de Apoyo Humanitario, vigente desde el 22 de junio pasado, cuyo fin es combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19.

Luego de realizada la audiencia pública, los jueces de la CC tienen 20 días término para presentar sus criterios respecto de las demandas, para que el magistrado ponente los evalúe. Concluida esta etapa, el juez tiene 15 días para elaborar su proyecto de sentencia; en otros cinco días, sus colegas pueden emitir sus criterios sobre ese proyecto; y finalmente, una vez que el pleno tome la decisión, tendrán diez días para publicar la sentencia, dispone La Ley de Garantías Jurisdiccionales.

Habrá otros tres días para que las partes procesales puedan solicitar ampliación o aclaración a la sentencia.

En su mayoría, las demandas presentadas fueron contra los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21; las disposiciones reformatorias relacionadas con el teletrabajo y la desconexión por doce horas, y la disposición interpretativa única, respecto del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo.

En la audiencia fueron escuchados quienes presentaron amicus curiae y réplicas a las intervenciones de los representantes de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría del Estado.

El ciudadano Oswaldo Lituma, que por sus propios derechos contó que fue despedido durante la pandemia, pidió que se declare constitucional la disposición interpretativa para que se ponga freno a los despidos.

Los representantes del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Ricardo Loral y Ana Flores, cuestionaron la medida de la desconexión en teletrabajo por al menos doce horas, porque, a su entender, permite que se trabaje hasta doce horas, pese a que la jornada laboral legal es de ocho horas, lo que provocaría altos niveles de estrés, por la carga laboral del teletrabajo, violentando la garantía al descanso.

El juez Lozada convocó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para que explique los efectos en la actividad laboral de la pandemia, a lo que la funcionaria María José Arroba se limitó a informar que la última encuesta sobre empleo en el Ecuador demostraba que bajaron las cifras: en mayo y junio el desempleo fue de 1’009.583, y en septiembre del 2020 bajó a 522.620.

Lozada, al término de la diligencia, indicó a las partes procesales que se emitirá oportunamente la sentencia en este complejo caso.

Fuente: El Universo.