Antes de emitir o no la autorización a la Contraloría para entregar toda esta documentación, analizarán el criterio de la Asamblea Nacional sobre requerimientos de información

Punto Noticias. La Procuraduría General del Estado pidió el criterio jurídico de la Asamblea Nacional, antes de pronunciarse si es procedente o no entregar a los legisladores información personal, de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas y glosas en la Contraloría General del Estado.

El pasado 6 de septiembre, el contralor General subrogante, Carlos Riofrío, formuló a la Procuraduría dos consultas sobre la aplicación de los artículos 75 y 110, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referentes a los requerimientos de información que la Asamblea Nacional dirige a las entidades del sector público.

Su consulta se origina porque legisladores han solicitado todos los expedientes de quienes tengan procesos (glosas, informes de responsabilidad penal) en la Contraloría.

La entidad de control dice que los datos personales solicitados guardan reserva “en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control, están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan”.

Por ello, elevó a consulta de la Procuraduría. Ahora, esta entidad pide a la Asamblea su criterio jurídico al respecto, antes de emitir o no la autorización a la Contraloría para entregar toda esta documentación a los legisladores que así lo requieran.

“La Procuraduría General del Estado analizará la consulta con el rigor jurídico que corresponde y emitirá su pronunciamiento de acuerdo con lo que establece la Ley”, dice el comunicado.