Ambos están acusados de ser autores directos del delito de delincuencia organizada, relacionada con las irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales.

Punto Noticias.Debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, se suspende el proceso penal contra el exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jorge Jalil, prófugos y acusados de ser autores del delito investigado.

El juez nacional Marco Rodríguez dispuso la interrupción de la etapa de juicio contra Azuero y Jalil, hasta que se presenten ante las autoridades o sean detenidos, por lo que ordenó que se oficie al comandante de la Policía Nacional y al jefe nacional de la Policía Judicial para que los ubique y capture.

Este jueves 20 de noviembre, el magistrado resolvió llamar a juicio a Azuero, Jalil, Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, luego de nueve días de análisis de los elementos presentados por la fiscal general, Diana Salazar, para acusar a siete personas de estar vinculadas con la organización criminal que se formó para manejar, de forma ilícita, dineros provenientes de la adjudicación de proyectos como el hospital de Pedernales, de 30 camas.

El juez acogió de manera parcial el dictamen acusatorio de Salazar y dictó auto de sobreseimiento para Miguel Ganchozo y José Párraga, a favor de quienes dispuso la revocatoria de las medidas de orden real y personal, por lo que se giraron las boletas de excarcelación respectivas.

Sobre Azuero, Jalil, Calderón, Cruz y Véliz, quienes fueron señalados como autores directos del delito, a criterio del juez, existen graves y fundadas presunciones de que habrían formado parte de un presunto grupo estructurado, con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma no legítima.

Se ratificaron las medidas cautelares de carácter personal para los procesados, a lo que se sumó la disposición de retención de cuentas, acciones y participaciones y la prohibición de enajenar bienes por USD 8 millones.

El magistrado señaló que existen suficientes elementos de convicción que desvirtúan que el exasambleísta por Manabí Daniel Mendoza fue el único líder de la organización, sino que este y Azuero estuvieron al mando de la estructura.

El abogado de Azuero, Daniel Morales, objetó que se llame a juicio a su cliente con base en audios editados, entregados por Mendoza.

En este mismo caso, el 9 de noviembre pasado, fue sentenciado Mendoza a cuatro años y dos meses de cárcel, luego de una audiencia de procedimiento abreviado, por un acuerdo de cooperación eficaz. La Fiscalía lo acusó de liderar la organización.

En torno a Jalil, el juez Rodríguez sostuvo que existirían graves presunciones de que él planificaba actividades de la organización, lo cual se habría evidenciado a través de sus funciones en el Secob, en las que, entre otras cosas, habría recomendado a varios funcionarios que mantuvieron relaciones con la compañía que estaba a cargo de la fiscalización de la obra en Pedernales.

La defensa de Jalil, Jorge Luis Ortega, se declaró sorprendido con la decisión, más aún cuando dice que esta se dio sin ningún tipo de análisis o profundidad sobre cada uno de ellos o sobre cómo ellos se relacionan entre sí. Para él la justicia vive días nefastos y cree que es el momento oportuno para discutir una reforma en cuanto a la posibilidad de que los juicios sean por jurados.

Si la Fiscalía quiere un juicio justo y saber la verdad, debe dar paso a la sustitución de la prisión preventiva contra su cliente, para que él pueda presentarse en juicio y en audiencia establezca su inocencia, reclamó.

Fuente: FGE, El Universo.