Algún rato tenía que pasar, comentaron Eduardo Franco y Gonzalo Silva.

Punto Noticias. Para Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, no es novedad la detención y encarcelamiento del contralor subrogante Pablo Celi, acusado del presunto delito de delincuencia organizada para desvanecer glosas en la Contraloría General.

A su criterio, los medios de comunicación hegemónicos, la partidocracia, los grupos de poder, taparon una realidad que es evidente: que los funcionarios, desde el presidente Lenín Moreno y toda su camarilla, han sido protagonistas de varias acciones antijurídicas que rayan en lo delictivo.

Reiteró que no le extraña lo acontecido con Celi, quien formó parte del lawfare (guerra jurídica), a través de ataques, injurias, calumnias, procesos que sembraron, narrativas que crearon para destruir al expresidente Rafael Correa, a Glas y a los líderes de la Revolución Ciudadana.

“Ellos sí han sido protagonistas de hechos delictivos”, señaló y recordó que en Fiscalía está el caso Inapapers, en el que Lenín Moreno, su hermano y familia están muy comprometidos. “Allí hay elementos probatorios que, en un Estado constitucional de derechos y justicia, deberían llevarlos a la cárcel”, manifestó Franco Loor.

Lo de Celi es una crónica de una muerte anunciada. Hace dos años, cuando hubo el escándalo del sobrino ya se intuía el tema y el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reposaba, hace mucho tiempo, en la Fiscalía, anotó.

Considera que no quisieron utilizarlo en su debido momento, porque la fiscal general, Diana Salazar, también esta comprometida con el lawfare. “Ella es una funcionaria que ha sido obsecuente a los criterios de la persecución más infame que haya registrado la historia de la política ecuatoriana”, apuntó.

Gonzalo Silva, experto en Derecho Penal, está de acuerdo con que lo que le sucede a Celi no es de admirar. Algún rato esto tenía que pasar, porque “le pusieron al gato de despensero, hasta cuando apareció el cascabel, que los mismos ratones se encargaron de preparar. Y ahí están las consecuencias”, dijo.

Comentó que Celi nunca fue funcionario de carrera de la Contraloría General, sino que fue puesto a dedo por el excontralor Carlos Polit; sin concurso de méritos y oposición se lo designó como subrogante de ese organismo.

El jurista estima que Celi no tenía la calidad ni los méritos para ser contralor, debido a que es sociólogo, no un abogado. Sin embargo, el Consejo de participación Ciudadana transitorio, de Trujillo, lo mantuvo y lo blindó, después, con la Corte Constitucional.

Deploró que fue Celi, como contralor, quien presidía la Función de Transparencia, encargada de prevenir y combatir la corrupción y fue el encargado de supervigilar a todos los organismos públicos y privados, que tienen alguna función pública.

“Este señor ha tenido el súper poder de control, en el país, desde hace varios años. Pero se descuidó y ahí están las consecuencias”, expresó Silva.