Alcaldes ya hacen planes para los terrenos que les cederán militares
Vivienda de interés social, complejos deportivos y hasta terminales de transporte son algunos de los proyectos que planifican edificar las alcaldías en los terrenos que las Fuerzas Armadas entregarán al Estado.
Una de las tareas que deberá ejecutar el recién nombrado ministro de Defensa, Fernando Cordero, como parte del proceso de modernización militar, es la liberación de 603 hectáreas que pertenecían a destacamentos instalados dentro de las ciudades, para el uso público.
Esto responde a un plan de la institución en el que se prevé reducir a 264 unidades militares las 561 existentes, y que se iniciará en El Oro, Azuay, Loja, Manabí y Pichincha.
El objetivo es reducir costos y ubicar a la milicia en sectores estratégicos. La inversión bordea los $ 219 millones.
En El Oro, las 251,3 hectáreas que comprenden seis unidades militares –la Brigada de Infantería en Machala, el Grupo de Caballería en Avanzada, el Grupo de Infantería en Arenillas, Fuerte Militar de Santa Rosa, Batallón de Infantería en Pasaje y Batallón de Artillería El Guabo– pasarán a ser un solo fuerte en la parroquia de Palmales.
El pasado miércoles, Cordero realizó un sobrevuelo sobre estos recintos.
El alcalde de Santa Rosa, Clemente Bravo (Movimiento Santarroseño Unido Revolucionario), detalla que el Fuerte Imbabura es como “una isla” rodeada de poblaciones, por lo que cree que la decisión del Gobierno “es acertada”.
Su aspiración es que el Ministerio le transfiera los terrenos para construir “la Universidad de la Pedagogía” que, según dice, “ya está aprobada por el Estado”, y recintos feriales.
“Las fiestas de la ciudad se celebran en las calles, es necesario hacer un recinto ferial, también queremos construir parques ecológicos”, explica.
En Cuenca (Azuay) se pretende construir un nuevo fuerte al que se trasladarán la Tercera División del Ejército, el Fuerte Militar Calderón y el Fuerte Militar General Dávalos, que suman unas 45 hectáreas.
El alcalde Marcelo Cabrera (Participa-Igualdad) dice que ya se reunió con el ministro.
Y cuenta que tienen un anteproyecto para “hacer una biblioteca municipal, instalaciones deportivas, un museo y analizamos empezar proyectos habitacionales verticales”.
En el cuartel Calderón, por ejemplo, prevén ocupar “un área para una zona industrial”, y posiblemente construya vivienda a montos de $ 30.000.
Mientras, en el Dávalos se aspira a edificar la nueva terminal terrestre interprovincial. “Todos estos proyectos están definiéndose y el presupuesto está revisándose; sin duda, estos son espacios codiciados y van a ayudar a las ciudades”, remarca.
En Loja, en cambio, se liberarán 49,2 hectáreas con la salida de la Brigada de Infantería Nº 7 y el Grupo de Artillería Cabo Minacho, que serán ubicados en el Fuerte de Caballería Miguel Iturralde.
El alcalde Bolívar Castillo (ARE) indica que pretende ampliar la terminal terrestre hacia esos terrenos. En los que están en la zona del parque Podocarpus habrá un teleférico.
Según sus proyecciones económicas, para construir el teleférico se destinarían $ 640.000 y para la terminal, $1’500.000.
En Portoviejo, 47,6 hectáreas dejarán de ser tierras militares. El alcalde Agustín Casanova (SUMA) aspira a que en lo que es ahora el Grupo de Caballería Teniente Hugo Ortiz y que pasará al Fuerte Militar El Aromo, se puedan destinar 26 hectáreas a vivienda social.
“Hay familias que viven en las orillas del río Portoviejo, están en riesgo, por lo que es necesario reubicarlas”, dijo. Y en las otras 26 hectáreas esperan construir un parque.
En Pichincha, las 113 hectáreas de las FF.AA. no pasarán al Municipio sino al Ejecutivo.
En la Primera División del Ejército Eplicachima se ubicarán la Presidencia, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Gestión Política.
El Comando Logístico Sur, al sur de la capital, se moverá al Fuerte Militar Atahualpa en Machachi. Y lo que es ahora el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, también al sur de Quito, irá la Balvina en Amaguaña.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas (SUMA), comentó en una radio que con el traslado de la Presidencia a lo que será el excuartel se podrá disminuir el tráfico en el Centro Histórico.
219 millones de dólares costaría mover los recintos.






